A propósito de los sucesos de Moquegua (27.06.08)

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  El reciente enfrentamiento entre la población de Moquegua y el gobierno nacional, evidencia una vez más las grandes dificultades y el desinterés relativo de éste para hacer frente a la creciente conflictividad social que se observa en el país. Como en otras ocasiones, la protesta, que era fácilmente previsible, creció hasta adquirir una gran magnitud por la indolencia estatal. A la base de la disputa se encontraba una norma vigente desde hace varios años, que establece el monto a distribuir por concepto de canon minero a partir del material removido y no del mineral producido. Dicha disposición, a todas luces errónea, fue aceptada por todas las partes hasta este conflicto que se produjo cuando los moqueguanos percibieron que les estaban “quitando” 300 millones, porque Cuajone entrega más cobre, pero Toquepala (Tacna) mueve más tierra...llevándose mayores recursos. El conflicto, en un contexto en el que las demandas redistributivas están a flor de piel en las regiones del país, estaba cantado. El Ministerio de Energía y Minas, pero también el Ministerio de Economía y Finanzas pudieron advertirlo desde meses atrás. Los congresistas de la región, una de ellas del partido de gobierno, se agotaron en sus gestiones; la unidad de prevención de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros no lo advirtió y la inteligencia del Ministerio del Interior, tampoco. Negociada la solución del conflicto, tras la toma de un puente y la condenable captura de un general de la Policía y sus efectivos como rehenes, el Presidente de la República calificó de delincuentes a los mismos con los que dialogó su gobierno, prolongando la conflictividad por la amenaza de su judicialización. Más allá de los sucesos de Moquegua, cabe preguntarse por el papel que juega el gobierno en la conflictividad que se observa. De una parte, amparados por el crecimiento económico que se observa -13.25% en abril- y por las discutibles estadísticas sobre disminución de la pobreza, intentan convencer al país del éxito de su gestión, ignorando las difíciles condiciones de vida de amplios sectores de la población. De la otra, profundizan un modelo a todas luces excluyente y se enfrentan con el interior del país, con normas polémicas como la Ley 29164 que permite la construcción de hoteles y restaurantes en zonas adyacentes al patrimonio cultural; la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, que en realidad es la «ley de la selva» o el decreto legislativo 1015 que afecta el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Por si fuera poco, las declaraciones altisonantes del Presidente de la República y de algunos voceros del Ejecutivo, descalificando tanto a quienes protestan por su gestión cuanto a aquellos que la critican, contribuyen imprudentemente a polarizar una sociedad atravesada por profundas brechas sociales y económicas y distintos malestares, que no se pueden atribuir siempre al actual gobierno. En este escenario a nadie debe sorprenderle que la aprobación nacional a la gestión presidencial haya caído a 30% en junio y que la misma llegue apenas a 7% y 11% en el Sur y el Oriente. Si el gobierno no cambia su discurso y su talante, si no desarrolla capacidades para prevenir y negociar los conflictos, si no avanza en la redistribución de los recursos del país aprovechando el largo ciclo de crecimiento económico que estamos atravesando, la negociación se hará cada vez más difícil y la radicalidad de las protestas dejará menos lugar para el entendimiento entre las partes. desco Opina / 27 de junio 2008

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Desco Opina

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Fecha de publicacion:
27/06/2008