Agresiones a la democracia (30.04.08)

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La decisión del Parlamento Europeo de mantener al MRTA fuera de la lista de las organizaciones terroristas internacionales ha provocado una reacción totalmente desproporcionada del gobierno y el fujimorismo, con la clara intención de desprestigiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y avanzar en la implementación de un proyecto cada vez más autoritario. Desde hace varios meses, el país observa con preocupación creciente una fuerte tendencia a judicializar y criminalizar fácilmente la movilización y la protesta social. Peor aún, ella viene acompañada de calificativos fáciles y altisonantes que buscan intimidar y aislar a todo aquél que discrepa de la política oficial y de los sectores autoritarios que se hacen cada vez más visibles en el gobierno. Que Sendero Luminoso y el MRTA son organizaciones terroristas y deben figurar en cuanta lista internacional las catalogue como tales, no nos cabe la menor duda, como a la mayoría de peruanas y peruanos y como claramente lo señaló la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sin embargo, la intolerancia y la pretensión de acallar las distintas voces discrepantes, se ha expresado en estos días en contra de APRODEH, de Francisco Soberón y por extensión a todos los organismos de derechos humanos de la sociedad civil del país. Tergiversando lamentablemente su posición -expresada en una carta a un grupo de parlamentarios europeos, en la que resaltan el uso del terror del MRTA-, diversas fuerzas políticas y muy claramente el fujimorismo y sectores cercanos a éste, buscan revancha por el juicio a su líder y pretenden afirmar un orden claramente represivo. El comportamiento que no es nuevo -recordemos la campaña emprendida desde distintos medios contra Ernesto de la Jara del IDL así como el juicio que le han entablado- ha alimentado el macartismo que caracterizó la década pasada y que encontraba en las ONG como conjunto, un objeto de condena. Hoy, éstas nuevamente se ven amenazadas por la pretensión de control y censura desde el Estado que quieren impulsar distintos sectores políticos que se sienten afectados por opiniones discrepantes con las posiciones que ellos defienden. Estamos convencidos que acciones de esta naturaleza entrañan un peligro creciente para el ejercicio de las libertades fundamentales que caracterizan a cualquier democracia que se precie de tal. Deslegitimar la protesta social, anatemizar el papel que cumplen las organizaciones de la sociedad civil, descalificar y pretender aislar al adversario, desnaturalizan la propia esencia de la democracia y los derechos humanos. Peor aún, alientan una vez más la polarización de una sociedad que está lejos de resolver las heridas y desconfianzas que resultaron del conflicto interno, así como de resolver las profundas brechas y diferencias que resultan de su historia. Invitamos al gobierno y a la clase política, la oposición incluida, a reflexionar sobre los alcances y las implicancias de los pasos que vienen dando, no dejándose llevar por todos aquellos que ansían volver a un pasado cercano en el que primaron el autoritarismo y la corrupción que la mayoría de peruanas y peruanos condenamos. desco Opina / 30 de abril 2008

Tipo de publicacion:
Desco Opina

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Fecha de publicacion:
30/04/2008