Reducir la prevalencia del embarazo adolescente (mitigando la exposición a la violencia sexual e intrafamiliar de NNA), garantizando el acceso a la salud sexual y reproductiva, y a una educación en salud integral por una vida libre de violencia.
Este primer componente tiene como objetivo reducir las elevadas tasas de embarazo adolescente vinculadas a la violencia sexual, condicionada por la falta de acceso de las adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, a una educación en salud integral y a una vida libre de violencia. Es pues la violencia contra las adolescentes el principal factor determinante, y será a través de su mitigación, detección precoz y referencia como se espera incidir en la reducción de las tasas de embarazo adolescente. Para ello se garantizará el acceso a la salud sexual y reproductiva, la educación en salud integral y la protección frente a violencia sexual e intrafamiliar, como suma de concionantes (cadenas de violencias) que incide en esta situación. Para ello se desarrollará el Enfoque basado en derecho humano de desarrollo. Este enfoque integra toda una lógica de trabajo con los diferentes titulares implicados en la red local de protección, basada en el enfoque de derechos humanos, reduciendo brechas de capacidad para mejorar la eficiencia en los servicios de orientación y detección precoz de la violencia y estableciendo nexos de trabajo y coordinación que amplíen la cobertura de atención a través de las redes locales de educación y salud, como espacios complementario para la orientación y detección precoz de la violencia. Además de desarrollar esfuerzos para mejorar el nivel de apropiación de los derechos por parte de las adolescentes, y la toma de conciencia por parte de las comunidades y de las adolescentes como sujetos de derechos.
La Lógica de intervención parte de la premisa que, las adolescente están expuestas a múltiples formas de violencia expresadas en la cultura patriarcal en la que viven, en prácticas culturales nocivas basadas en la distribución inequitativa de roles y tareas reproductivas y la coerción como práctica habitual para el inicio de las relaciones sexuales, sumado a las brechas de acceso a los servicios de orientación en educación en salud sexual integral, métodos anticonceptivos y falta de habilidades para la formulación de planes de vida que superen esta situación de exclusión, en entorno de alta vulnerabilidad para las adolescentes.
La lógica de intervención pone el foco en la cadena de violencias que condicionan una mayor prevalencia del embarazo adolescente como una consecuencia de esta situación. Por ello el abordaje se realiza desde tres estrategias, mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, garantizar el acceso a una educación en salud integral y finalmente, garantizar el derecho a la protección a todas las formas de maltrato, abuso o explotación.
Este componente se ejecuta en la región Junín, provincia de Satipo, en los distritos de Mazamari y Pangoa; y en la región Ucayali, provincia de Coronel Portillo, en el distrito de Masisea.
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