De gastos e incapacidades (16.04.08)

Compartir en: Facebook Twitter Google Plus

Un buen día, al gobierno se le ocurrió repartir alimentos en horas de la madrugada, utilizando vehículos y personal militar. Las circunstancias y los medios eran, obviamente y por decir lo menos, inapropiados para tal actividad. Sin embargo, la anécdota tiene un gran mar de fondo que podría resumirse en la inexistente capacidad para conducir y administrar en buena forma los recursos destinados a la ayuda social y la desesperación del mandatario ante su caída en las encuestas de opinión. Podría indicarse, de inicio, que el gobierno aprista no ha promovido cambios significativos en la cantidad de recursos destinados a los programas sociales. Este tipo de gasto ha sido más o menos el mismo durante la última década, es decir, alrededor del 9 por ciento del PBI, apuntando que el 80% corresponde a gasto en pensiones. En esa línea, nuestro país tiene, a pesar de mostrar un crecimiento superior a muchos otros de la región, un gasto social bajo –específicamente, salud, educación y protección social- en relación al promedio regional. En ese sentido, estamos bastante lejos de Argentina (21.6%), Brasil (18.8%) y Costa Rica (18.2%). Esta situación se debe a la relación existente entre el nivel de recursos disponibles por el Estado para el gasto y el tamaño de la economía, lo que pone nuevamente sobre el tapete la necesidad de una profunda reforma fiscal. Asimismo, a ello hay que sumarle la priorización del gasto que se establece dentro del propio Estado. Así, la renta del Gobierno Central para el 2006 fue sólo el 17% del PBI; de otro lado, el gasto social está bastante más abajo que, por ejemplo, el gasto administrativo. En otras palabras, el escenario es pésimo: un pequeño presupuesto público que, para colmo de males, no prioriza el gasto social. Al inicio del actual gobierno, se perfilaron algunos correctivos como la fusión de programas sociales, anunciado por Alan García en su primer mensaje a la Nación, en julio del 2006. En efecto, la multiplicación de estos programas, sin ningún criterio, desvirtuó completamente la focalización, elevando considerablemente los gastos de intermediación. De esta manera, se procedió a identificar objetivos y a su agrupación buscando que armonizaran entre ellos. Así, se identificaron 82 programas que, luego de la operación, resultaron siendo 26. Pero, lo que fue una buena iniciativa no tuvo los efectos deseados, entre otras cosas, porque se le impuso un «enfoque contable», es decir, preocupándose de eficientismos administrativos y dejando de lado lo que debía ser el eje fundamental de cualquier política pública: definición de objetivos y prioridades. En ese sentido, no puede entenderse como algo lógico que el PRONAA pase a llamarse PIN (Programa Integral Nutricional), cuando el país sigue careciendo de una política alimentaria. Lo mismo podría decirse de la fusión de ParSalud con el financiamiento de infraestructura de salud de Foncodes, cuyos públicos objetivo son diferentes. Ahora bien, los analistas económicos ya anuncian, tenuemente, que debemos prepararnos para una retracción del crecimiento. «La fiesta se terminó» fue, palabras más, palabras menos, lo que afirmó uno de ellos, haciendo eco de alguna manera, de lo que las últimas notas del FMI vienen afirmando. Si socialmente estamos mal cuando económicamente estamos bien, ¿qué sucederá con estos cambios anunciados?

Tipo de publicacion:
Desco Opina

Edicion:
0

Fecha de publicacion:
16/04/2008