El 13 de diciembre, el Congreso, el mismo que ha sido reducido a un error estadístico por el grado de desaprobación que tiene en la opinión pública, continuó su avance indetenible en la cacería de brujas y en la descalificación de todos sus adversarios, haciendo de su papel fiscalizador un arma arrojadiza, y de su supuesto afán de justicia, una coartada más para la liquidación de quienes no piensan como ellos y denuncian la entraña autoritaria y corrupta de la mayoría de sus integrantes. Ese día el Pleno aprobó la acusación constitucional y la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos contra Víctor Zamora, quien fuera ministro de Salud durante cuatro meses en el gobierno de Martín Vizcarra.
La congresista María Acuña, la misma que clama por el retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jugando en pared con los afanes y deseos de la señora Boluarte, y el inefable parlamentario Montoya, aquél personaje servil a Montesinos, que cree que la intensidad de la inseguridad ciudadana se da a través de las noticias, sustentaron el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, contra el exministro.
Los argumentos centrales para la acusación fueron la adquisición y el uso posterior de las pruebas rápidas, la omisión por no modificar el estándar que limitaba el uso de oxígeno al 99%., no detener los actos administrativos de una compra “irregular” ya efectuada e implementar el uso de las pruebas rápidas, así como no recurrir a las pruebas moleculares. En su breve intervención de defensa, el exministro no dejó ninguna acusación en pie, desnudando la arbitrariedad política de cada uno de los cargos y el afán de revancha que predomina en el Parlamento.
Sobre la compra de las pruebas rápidas, quedó claro que éstas fueron hechas por su predecesora, tratada sorprendentemente como testigo en la investigación realizada por el Congreso, lo que obligó a declarar a Zamora inocente de colusión. La norma que limitaba el uso de oxígeno al 99% fue promulgada el 2011, autorizando la gestión del exministro, primero, su uso al 93% y, después, derogándola. La acusación por omisión, por no detener los actos administrativos de la compra irregular, revela la mala leche de la acusación; los ministros no tienen entre sus responsabilidades funcionales las compras, pero, además, en ese caso la adquisición fue con fondos del Instituto Nacional de Salud, pliego independiente del MINSA, y estuvo a cargo de PerúCompras, adscrita al MEF. Finalmente, sobre el uso de las pruebas rápidas, quedó meridianamente claro el contexto: las pruebas ya estaban compradas, había un único laboratorio operativo para un país de 33 millones de habitantes y apenas 6000 pruebas moleculares disponibles, lo que obligó a usarlas como instrumento de apoyo poniendo de relevancia el criterio clínico epidemiológico, en una gestión donde la capacidad diagnóstica molecular se multiplicó 16 veces en menos de cuatro meses.
Tan contundente como inútil. La defensa de Zamora, un profesional con más de 30 años de compromiso con la salud pública, como médico intensivista en un hospital, como funcionario del MINSA en oficinas descentralizadas y en la sede nacional, así como funcionario de la Organización Mundial de la Salud en la región, no sirvió de nada. Como era obvio, la decisión estaba tomada. Se trataba de castigar a alguien que piensa distinto a la coalición autoritaria; un profesional que enfrentó a las aseguradoras y las clínicas privadas en la pandemia, obligándolas a que dejen de lucrar con el COVID-19; un salubrista que ha señalado la incompetencia del ministro actual, un ciudadano con capacidad y acción pública cotidiana. Por lo tanto, alguien a eliminar. Un “caviar” menos, diría la mayoría parlamentaria.
En el escenario actual, defender a Zamora es luchar por la democracia. Esa que la mayoría congresal y la coalición autoritaria en el gobierno, desprecian. El exministro es una víctima más de un proceso al que hay que denunciar y enfrentar. Hizo bien en recordar la figura del congresista Javier Diez Canseco, porque como él, en circunstancias similares, en su intervención demostró su dignidad y su transparencia. Nos toca a todas y todos quienes creemos que es indispensable frenar y derrotar al parlamentarismo autoritario y mafioso y a la coalición antidemocrática que gobierna, convertir esos valores en fuerza y organización para impedir la liquidación del país.
Lima, 17 de diciembre de 2024
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