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Mientras los voceros oficiales insisten en que la prioridad política del momento es la convocatoria a una asamblea constituyente, que creen resolverá todos los problemas incluyendo el aumento de precios de los alimentos, varias crisis interrelacionadas dejaron de ser una amenaza y son ahora una realidad que nadie puede asegurar cómo vamos a gestionar.
La crisis sanitaria se combina con una crisis agraria y una alimentaria, teniendo como factor evidente una inflación de precios ante la cual no se aprecia ningún esfuerzo real que busque manejarla para que no termine inclinando sus costos hacia los peruanos y peruanas más pobres y vulnerables.
Las últimas semanas, el complicado escenario nacional de la crisis política se ha visto agravado por la reactivación de los conflictos en las áreas de explotación minera de Cuajone y las Bambas; la primera de la empresa norteamericana Southern Perú en la región Moquegua, la segunda de la empresa china MMG Las Bambas, en Apurímac.
En el caso de Cuajone, las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala iniciaron su acción de reclamo cerrando la compuerta del reservorio Viña Blanca que abastece el agua para el consumo humano del campamento donde se alojan las familias de los trabajadores, así como para las labores mineras del yacimiento, obligando a la empresa a paralizar operaciones. La demanda principal de las comunidades es una compensación de 5000 millones de dólares y una participación del 5% de las utilidades anuales de la compañía, por el “uso de los recursos de la comunidad y la afectación a los mismos por la contaminación” durante las siete décadas que viene operando la mina.
Incapacidad, mediocridad y corrupción son tres adjetivos justos para caracterizar los últimos nueve meses en la vida política institucional del país, una temporada en la que Ejecutivo y Legislativo compiten por establecer cuál de los dos poderes justifica mejor la consigna «que se vayan todos», que aparece en los sondeos de opinión con más frecuencia –y no sin intereses discutibles–. Personajes mediocres, desinformados y sin coherencia argumentativa que son quienes ocupan curules y portan fajines; junto a interinos, segundones y magistrados con plazos vencidos, han empujado al país al borde del colapso.
El generosamente llamado «conflicto de poderes» entre el Ejecutivo y el Legislativo ya no es otra cosa que una serie interminable de «debates» sin profundidad ni resultados de provecho para la ciudadanía: vacancia presidencial, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, acusaciones fiscales múltiples, denuncias constitucionales o censura de ministros; nada se trata como es debido.
Según Naciones Unidas este mes se celebran dos fechas que deben llamar a reflexión sobre otra guerra que es a escala global y viene produciendo grandes bajas a nivel mundial. Nos referimos al Día Internacional por la Madre Tierra y el Decenio de la Restauración de los Ecosistemas.
En ese marco, Perú no es ajeno a este conflicto y está siendo afectado por diversos acontecimientos como el registrado a inicios de año, cuando el 15 de enero se produjo el desastre ecológico generado por la empresa Repsol en la Refinería La Pampilla ubicada en el litoral peruano, en la propia capital del país, donde se derramaron más de 11 000 barriles de petróleo al mar, generando una gran afectación en la flora y fauna del litoral costero limeño.
Las recientes encuestas de IPSOS y Datum coinciden en el incremento de la desaprobación de la gestión de Pedro Castillo, 76% en ambos casos, creciendo diez puntos en la primera, de acuerdo a la cual aquella crece en todo el país –entre 88% en Lima y 53% en el sur–, en todos los estratos –entre 92% en el A y 67% en el E–, así como en los distintos grupos de edad. Al Congreso de la República le va ligeramente peor, subiendo su desaprobación al 79%. En este escenario, como no puede ser de otra manera, 63% de los encuestados cree que el mandatario debe renunciar. El porcentaje de quienes piensan que se deben ir todos, que llegaba a 74% en febrero, la última vez que la encuestadora preguntó por el tema, está terminando por hacerse sentido común.
A fines de marzo, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informó a la población que las empresas petroleras Petroperú y Repsol alzaron precios de los combustibles hasta en S/ 0.83 por galón, incluidos los impuestos. El conductor de un colectivo que gastaba doscientos soles por semana, ahora gastaría trescientos soles, monto que perjudicaría seriamente sus bolsillos ya que al alza de la gasolina se añadían gastos adicionales que también se incrementaron como el peaje.
En ese escenario diversos gremios de transportistas convocaron al paro indefinido nacional, iniciado el lunes 28 de marzo en la provincia de Huancayo; a la medida se sumaron agricultores, comerciantes, comuneros y miles de ciudadanos de a pie que exigían al presidente del Perú, Pedro Castillo, arribar a dicha ciudad para calmar a la población y disculparse por declaraciones altisonantes.
El presidente Castillo pudo haber sido un buen personaje de Malcolm Lowry. Igual o mejor que Geoffrey Firmin en el Día de los Muertos, en Quauhnáhuac (México), paseando de cantina en cantina, sin saber cómo resolver su crisis existencial, mientras el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl están a punto de erupcionar.
Es innegable el impacto de los factores externos sobre los precios de alimentos y combustibles. Pero, suponerlos como causa única, como ha expresado el presidente Castillo, no es un buen argumento. Menos aun cuando de por medio hay un creciente malestar social. Más grave todavía cuando se pretende controlar la complicada situación declarando un estado de emergencia, a la medianoche y por menos de veinticuatro horas de duración.
El 2012 un grupo de comunidades en Puno realizó una gran protesta en contra de la empresa Bear Creek Mining Corporation que iniciaría una exploración en sus tierras para extraer plata. Tras largas semanas de violentas manifestaciones, el gobierno derogó la norma que favorecía la operación de Bear Creek y el proyecto Santa Ana se canceló. La empresa inició en 2014 un arbitraje internacional contra el Estado peruano, que ganó luego de un extenso proceso; sin embargo, en 2018 tuvo que renunciar a la concesión. El principal líder de la protesta, Walter Aduviri, fue condenado a siete años de prisión. Hace poco, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) nuevamente vulnera el derecho de otras comunidades aymaras que no quieren que el extractivismo sea parte de su desarrollo, ni económico ni cultural.
El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucará, ubicadas en la provincia de Chucuito, que exigían la nulidad de concesiones mineras que invaden su territorio comunal, porque se omitió la Consulta Previa.
Mientras la economía mundial se agita principalmente por el conflicto bélico iniciado por Rusia, nuestro paisaje nacional se remueve principalmente, por ahora, por los temblores recurrentes de la crisis política permanente que afecta al país.
Hay un contubernio en marcha que se sustenta en la voluntad nada oculta de nuestros políticos por aferrarse a la cuota de poder que han alcanzado dentro del Estado. La pretensión de ganar a cualquier precio en el corto plazo, lleva al colapso del país en el mediano plazo. Se aprecia así, como el cuestionado Ministro de Salud alaba las virtudes profesionales de uno de los principales dirigentes del fujimorismo en el Congreso al tiempo que esta bancada se niega a sumarse al pedido de interpelación del Dr. Condori, cuestionado por el propio Colegio Médico al que pertenece.
A propósito del Día Internacional de la Mujer se visibilizan las múltiples luchas de las mujeres por avanzar en la igualdad. Las ciudades generan acciones de impacto colectivo y estrategias que denuncian las múltiples violencias hacia las mujeres.
De cara a las próximas elecciones municipales, poco se conoce de las propuestas para trabajar en torno a los derechos de las mujeres. Mientras tanto, en el espacio público y en el privado, las mujeres siguen muriendo, son acosadas, obtienen menos ingresos y terminan siendo más vulnerables a cualquier edad. En un contexto social regional de arremetida fundamentalista antiderechos, es vital y siempre lo fue, la vigilancia de las organizaciones de mujeres y las plataformas de la sociedad civil, atentas ante cualquier situación que vulnere los derechos o amenace con el retroceso.
El Congreso de la República finalmente le dio la investidura al gabinete liderado por Aníbal Torres que obtuvo la confianza gracias a 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones; cuatro votos menos que su antecesora, Mirtha Vásquez, y nueve menos que Guido Bellido. Si nos guiamos por las encuestas de febrero, la opinión pública apostaba por un resultado ajustado –47% creía que el Congreso debía darle la aprobación frente a 49% que apostaba por la negación de la confianza– a diferencia de lo que ocurriera meses atrás con lo que se pensaba entonces de su antecesora que registraba 18 puntos más.
La presentación del nuevo equipo ministerial se producía en un escenario de constante desgaste del Ejecutivo aumentando la incertidumbre sobre el resultado. En febrero la aprobación del mandatario, según la encuesta citada, siguió cayendo.
Lamentablemente, estos dos últimos años de pandemia no sólo se ha visto afectada la situación de salud sino también, y en gran medida, el servicio de educación, que se vio suspendido al inicio de la pandemia y posteriormente se redujo sustantivamente a la plataforma de Aprendo en Casa, donde la principal dificultad fue la escasa conectividad y el acceso a los medios que permitían llegar a ella, especialmente en las comunidades rurales, agravándose aún más las brechas en educación.
En Huancavelica, por ejemplo, la pérdida de aprendizajes fue devastadora. En diciembre último, la Dirección Regional de Educación aplicó una evaluación en su territorio a 4310 estudiantes de secundaria; sólo el 14% de estudiantes evaluados lograron resultados satisfactorios, un 30% se encontraba en proceso de lograr los aprendizajes requeridos y 55% estaba apenas en la etapa inicial.
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