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La cumbre sobre cambio climático de la ONU COP 26 (Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), se desarrolló en Glasgow, Escocia, las primeras semanas de noviembre. En ella participó la delegación peruana, posiblemente comprometida con el tema, pero que quizá sobredimensiona nuestras capacidades de colaboración para alcanzar la carbononeutralidad y la resiliencia al cambio climático.
El Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que consigna las acciones de mitigación de diferentes sectores, el Infocarbono (Inventario Nacional de GEI), y la Huella de Carbono Perú (que mide las emisiones de GEI de una organización ya sea pública o privada), forman parte del Sistema para la Medición de las Medidas de Mitigación que nuestro país viene implementando.
Los últimos días del ahora exministro Walter Ayala fueron más tristes de lo que suelen ser estos momentos para aquellos funcionarios que deben irse, pero buscan un milagro a sabiendas que todo está consumado.
En los pocos meses que ejerció como ministro de Defensa, no dio pie con bola. No recordamos alguna afirmación, siquiera una frase retórica con la que intentara sino definir, al menos darnos un bosquejo de lo que buscaba hacer. Es cierto que esto no lo alejó demasiado del promedio de una secuencia de ministros –militares retirados, premieres efímeros ahora encausados por la justicia o literales neófitos en la materia– que dejaban muchísimo que desear.
Este año concluye el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), formulado una década atrás, sin que hasta la fecha se haya realizado algún balance global, un informe de cumplimiento de sus metas establecidas o cuando menos la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para aportar en la elaboración de un necesario plan de continuidad. Como lo muestran algunos indicadores sobre salud infantil, embarazo adolescente, participación y violencia hacia niñas, niños y adolescente, hay avances importantes, pero los problemas identificados hace diez años subsisten y no se lograrán las metas, fundamentalmente en las zonas rurales y en las de mayor pobreza.
Los primeros cien días del gobierno de Pedro Castillo coincidieron con el voto de confianza a su segundo gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Tras dos jornadas de debate, el pleno del Congreso le dio 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Un resultado menos ajustado del que esperaban los opositores más recalcitrantes del gobierno y ciertamente distante de la primera plana de un tabloide que insiste en hacer creer a sus lectores que fue «raspando y rezando». La votación, que supuso la ruptura de la bancada de Perú Libre con 16 de sus integrantes coincidiendo con la derecha más dura, cerró la crisis inmediata del Ejecutivo, provocada por la polémica presencia en ese mismo gabinete del ministro del Interior, Luis Barranzuela, agravada por la incomprensible celebración de una reunión social en su domicilio.
Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió las anheladas regalías mineras para los gobiernos locales y el Gobierno Regional de Arequipa; sin embargo, lejos de ser una buena noticia es una fuente de preocupación ciudadana. Sucede que esta lluvia de millones cayó dispareja en estas tierras, producto de la aplicación de una ley que debió modificarse hace tiempo para mejorar la distribución de aquellas, a lo que se suma el enorme descrédito de parte de las autoridades locales por su indolencia y desidia en la ejecución de los recursos públicos; sin contar los casos de corrupción en los que están comprometidos, como el del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, detenido por ser presunto integrante de la banda criminal “Los hijos del cóndor”, investigación en la que también están involucrados funcionarios de su entorno y consejeros de su gestión.
La fallida presentación, como asesor presidencial, de un antiguo y discutido hombre de la radio y exempresario de medios radiales y televisivos, abrió un racimo de comentarios diversos. Más allá del personaje, lo ocurrido pone una vez más en la agenda nacional real, el papel de los comunicadores, el periodismo de opinión y los medios de prensa.
En nuestro país la crisis del periodismo y los medios de comunicación se remonta a muchos años atrás. En un escenario que no había sufrido grandes cambios, la expropiación de la gran prensa nacional y de los principales canales de televisión durante el gobierno de Velasco, generó un proceso complejo que no ha concluido.
El departamento de Huancavelica presenta el nivel más alto de desnutrición crónica infantil a escala nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que durante el 2020 el 31.5% de su población menor de cinco años sufrió desnutrición crónica; lamentablemente, una secuela de la pandemia ha sido el incremento de la desnutrición crónica en Huancavelica, que en 2019 se situaba en 30.7%. Los problemas de malnutrición están condicionados por determinantes de la salud, como factores sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y la inseguridad alimentaria; así mismo, con prácticas inadecuadas de alimentación, cuidados insuficientes al niño o niña, modalidades incorrectas de crianza, infecciones repetidas y severas, entre otros.
El 3 de octubre, desde Cusco, el presidente Castillo anunció el inicio de la Segunda Reforma Agraria. Algunos puntos sobre las íes simbólicas se hacen necesarios. Los diversos entornos del Presidente escogieron un día significativo, en un lugar donde más de cuarenta años atrás, con un rol protagónico de la Confederación Campesina del Perú-CCP se escenificó una de las más importantes tomas de tierras (Anta), precisamente como una reacción campesina a «la primera» reforma agraria. Se trata de una denominación excesiva en tanto reforma agraria, porque ésta, en sentido estricto, como precisa FAO, es “la reforma de la tenencia de la tierra como un elemento clave para el desarrollo rural”.
A más de 486 años de su fundación, la ciudad de Lima, nuestra capital de la República, cuenta con más de nueve millones y medio de habitantes que representan casi la tercera parte de la población a nivel nacional. Según datos al 2020 del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), más de 94% de la población accede a servicios básicos, el 75,9% cuenta con internet y casi 74 de cada 100 habitantes de la provincia de Lima tienen seguro de salud; sin embargo, la pandemia del COVID-19 demostró que muchas de estas cifras son una simple estadística que no profundiza en la solución a problemas estructurales que arrastramos hace décadas.
La última encuesta de IPSOS Apoyo, que ratifica resultados que habían adelantado otras empresas, resulta bastante significativa. La aprobación presidencial sube 4 puntos a 42%, oscilando entre 29% que obtiene en Lima y 52% en el sur del país. Mientras aquella es justificada por la apuesta por el cambio del mandatario, 45%, su desaprobación, que sube un punto, se ubica en 46%, moviéndose entre el 62% de Lima y el 29% del sur, lo es según los encuestados porque el Presidente no está preparado para gobernar (39%), ha convocado a malos profesionales (31%) y está rodeado de simpatizantes del terrorismo (apenas 28%). En la misma, la aprobación de Guido Bellido está 17 puntos por debajo de la del mandatario, mientras que la desaprobación de la señora Alva sube 10 puntos, a 47% y la del Legislativo 5, a 49%.
El reciente pago que voluntariamente realizó Sociedad Minera Cerro Verde a la SUNAT, ha despertado el interés de las autoridades locales de Arequipa que cumplen su último año de gestión. De los S/ 1040 millones de soles abonados, S/ 267 millones corresponden al pago del impuesto especial a la minería y S/ 773 millones a regalías mineras, que según la Ley de Regalía Minera deben de ser repartidas al Gobierno Regional y los gobiernos locales de Arequipa, en porcentajes establecidos por la misma. Al tratarse de un “pago bajo protesto” la decisión de transferencia corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A inicios de setiembre, 21 alcaldes de la provincia de Arequipa, junto al Gobernador Regional, solicitaron en un memorial la transferencia de los 773 millones de soles por regalías de Minera Cerro Verde, además de parte del dinero abonado por la empresa minera Buenaventura (que incluye multas y cobros de impuestos) que también tiene operaciones en diferentes partes del país y en la región.
A 45 días de iniciado el nuevo gobierno es deseable que los actores políticos pasen a otra etapa. Esto nos corresponde hacer a las instituciones del Estado (Ejecutivo y Legislativo en particular), a todas las organizaciones políticas, los gremios de trabajadores y propietarios. Por cierto, a las demás organizaciones e instituciones privadas, que constituimos el tejido económico, cultural y social de nuestro país. Son muchos los ciudadanos que lo reclaman.
Nadie pierde de vista que, en los últimos meses de campaña, la polémica, la comunicación política, las acusaciones lanzadas, sobre todo las falsas y las noticias incompletas –las medias verdades– han creado una grieta profunda y han marcado hasta el alma en nuestro país.
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