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La fallida presentación, como asesor presidencial, de un antiguo y discutido hombre de la radio y exempresario de medios radiales y televisivos, abrió un racimo de comentarios diversos. Más allá del personaje, lo ocurrido pone una vez más en la agenda nacional real, el papel de los comunicadores, el periodismo de opinión y los medios de prensa.
En nuestro país la crisis del periodismo y los medios de comunicación se remonta a muchos años atrás. En un escenario que no había sufrido grandes cambios, la expropiación de la gran prensa nacional y de los principales canales de televisión durante el gobierno de Velasco, generó un proceso complejo que no ha concluido.
El departamento de Huancavelica presenta el nivel más alto de desnutrición crónica infantil a escala nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que durante el 2020 el 31.5% de su población menor de cinco años sufrió desnutrición crónica; lamentablemente, una secuela de la pandemia ha sido el incremento de la desnutrición crónica en Huancavelica, que en 2019 se situaba en 30.7%. Los problemas de malnutrición están condicionados por determinantes de la salud, como factores sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y la inseguridad alimentaria; así mismo, con prácticas inadecuadas de alimentación, cuidados insuficientes al niño o niña, modalidades incorrectas de crianza, infecciones repetidas y severas, entre otros.
El 3 de octubre, desde Cusco, el presidente Castillo anunció el inicio de la Segunda Reforma Agraria. Algunos puntos sobre las íes simbólicas se hacen necesarios. Los diversos entornos del Presidente escogieron un día significativo, en un lugar donde más de cuarenta años atrás, con un rol protagónico de la Confederación Campesina del Perú-CCP se escenificó una de las más importantes tomas de tierras (Anta), precisamente como una reacción campesina a «la primera» reforma agraria. Se trata de una denominación excesiva en tanto reforma agraria, porque ésta, en sentido estricto, como precisa FAO, es “la reforma de la tenencia de la tierra como un elemento clave para el desarrollo rural”.
A más de 486 años de su fundación, la ciudad de Lima, nuestra capital de la República, cuenta con más de nueve millones y medio de habitantes que representan casi la tercera parte de la población a nivel nacional. Según datos al 2020 del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), más de 94% de la población accede a servicios básicos, el 75,9% cuenta con internet y casi 74 de cada 100 habitantes de la provincia de Lima tienen seguro de salud; sin embargo, la pandemia del COVID-19 demostró que muchas de estas cifras son una simple estadística que no profundiza en la solución a problemas estructurales que arrastramos hace décadas.
La última encuesta de IPSOS Apoyo, que ratifica resultados que habían adelantado otras empresas, resulta bastante significativa. La aprobación presidencial sube 4 puntos a 42%, oscilando entre 29% que obtiene en Lima y 52% en el sur del país. Mientras aquella es justificada por la apuesta por el cambio del mandatario, 45%, su desaprobación, que sube un punto, se ubica en 46%, moviéndose entre el 62% de Lima y el 29% del sur, lo es según los encuestados porque el Presidente no está preparado para gobernar (39%), ha convocado a malos profesionales (31%) y está rodeado de simpatizantes del terrorismo (apenas 28%). En la misma, la aprobación de Guido Bellido está 17 puntos por debajo de la del mandatario, mientras que la desaprobación de la señora Alva sube 10 puntos, a 47% y la del Legislativo 5, a 49%.
El reciente pago que voluntariamente realizó Sociedad Minera Cerro Verde a la SUNAT, ha despertado el interés de las autoridades locales de Arequipa que cumplen su último año de gestión. De los S/ 1040 millones de soles abonados, S/ 267 millones corresponden al pago del impuesto especial a la minería y S/ 773 millones a regalías mineras, que según la Ley de Regalía Minera deben de ser repartidas al Gobierno Regional y los gobiernos locales de Arequipa, en porcentajes establecidos por la misma. Al tratarse de un “pago bajo protesto” la decisión de transferencia corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A inicios de setiembre, 21 alcaldes de la provincia de Arequipa, junto al Gobernador Regional, solicitaron en un memorial la transferencia de los 773 millones de soles por regalías de Minera Cerro Verde, además de parte del dinero abonado por la empresa minera Buenaventura (que incluye multas y cobros de impuestos) que también tiene operaciones en diferentes partes del país y en la región.
A 45 días de iniciado el nuevo gobierno es deseable que los actores políticos pasen a otra etapa. Esto nos corresponde hacer a las instituciones del Estado (Ejecutivo y Legislativo en particular), a todas las organizaciones políticas, los gremios de trabajadores y propietarios. Por cierto, a las demás organizaciones e instituciones privadas, que constituimos el tejido económico, cultural y social de nuestro país. Son muchos los ciudadanos que lo reclaman.
Nadie pierde de vista que, en los últimos meses de campaña, la polémica, la comunicación política, las acusaciones lanzadas, sobre todo las falsas y las noticias incompletas –las medias verdades– han creado una grieta profunda y han marcado hasta el alma en nuestro país.
En Junín el COVID-19 causó crisis sanitaria, económica y social, por ello el proceso de vacunación es importante para enfrentar los riesgos en la salud pública derivados de la pandemia, principalmente en la disminución de la sobrecarga del sistema de salud para contener los casos graves de hospitalización. Los estragos que viene generando están asociados al decreciente acceso a los derechos económicos y sociales, con un impacto diferenciado y desproporcional en los diversos grupos en situación de vulnerabilidad.
En lo que va del 2021, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Producto Bruto Interno en Junín creció solo en 3,8%, además, según las proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) en la jurisdicción, la pobreza multidimensional alcanzaría al 27% de la población.
El Gabinete presidido por Guido Bellido, acudió al Congreso para obtener su voto de confianza, como estipula la Constitución vigente. Sin embargo, son pocas las veces en las que este procedimiento se haya llevado a cabo en un ambiente tan tormentoso como el actual.
Sin considerar la posibilidad, cada vez más cierta, de una tercera ola de la pandemia con consecuencias no previstas, la población peruana siente sobremanera el impacto de la inflación de los precios de los combustibles y alimentos, así como la apreciación del dólar respecto a la moneda nacional. Pero, no hay claridad en las causas y, menos aún, cómo enfrentar esta situación.
En el marco de la lucha que el país sostiene contra el COVID-19, se manifestaron muchas falencias dentro de la gestión del Estado, las que dieron como resultado un sistema de salud ineficiente, condiciones de trabajo precarias, limitado acceso a tecnologías y amplias brechas educativas entre zonas rurales y urbanas. Asimismo, se reveló nuestro serio retraso en ciencia, tecnología e innovación (CTI en adelante), ejemplo de ello fue la imposibilidad de procesar suficientes pruebas moleculares por falta de laboratorios o realizar una vigilancia sostenida (y real) de decesos, contagios y recuperaciones, mucho menos identificar zonas de riesgo de infección en las regiones.
El Presidente Castillo, ya instalado en el gobierno y con el poder bajo el brazo, no ha dejado de sorprendernos. Su discurso inaugural relativamente exitoso reivindicó a los grupos históricamente discriminados y excluidos de las decisiones de poder –pueblos originarios, ciudadanos afroperuanos y descendientes de migrantes– así como a las minorías desposeídas del campo y la ciudad, afirmando que esa historia, tanto tiempo silenciada, era también la suya. La reivindicación de la diversidad en la identidad nacional estuvo acompañada por varios anuncios económicos que estaban dentro de lo esperable en el marco de las medidas que prometiera en la segunda vuelta y que buscaron ser tranquilizadoras para la inversión privada y la seguridad de la propiedad.
Los últimos gobiernos en el país han significado una desproporcionada asignación de los recursos de inversión pública en detrimento del sur peruano y el afianzamiento del modelo centralista de desarrollo nacional.
Tal vez el caso que podemos considerar emblemático es el gasoducto del sur, proyecto paralizado desde el año 2017, por efecto de la corrupción descubierta a nivel internacional de la empresa Odebrecht, titular de la concesión del mismo.
El importante recurso del gas natural de Camisea, se destinó en principio a abastecer la demanda de la capital. El gasoducto, construido con el aporte de todo el país, incluyendo a los ciudadanos del sur, hizo factible el uso de este recurso para la generación de energía
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