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La campaña política hacia las elecciones generales de abril está como este verano: muy poca luz y calor y un panorama gris dominante. Sin mítines, marchas ni caravanas y en limitados encuentros con personas mascarilla a mascarilla –por las necesarias medidas de prevención ante el contagio por la pandemia– las candidatas y candidatos casi no aparecen en las calles y espacios públicos. Del lado de los ciudadanos, está claro desde hace más de tres décadas que frente a los diversos hechos de la coyuntura política, la gran mayoría ha buscado informarse a través de la televisión y, en segunda instancia, por la radio y los medios escritos. Las agrupaciones políticas no son ya una fuente prioritaria de información y han sido reemplazadas por las redes sociales, donde son una página o un muro más entre millones de emisores.
En junio del 2020, la región Huancavelica era felicitada por haber contenido la propagación del COVID-19. Pilar Mazzetti, entonces Jefa del Comando COVID, así como Víctor Zamora, Ministro de Salud, mencionaban el nivel de organización mostrado y el desempeño del servicio de salud en el primer nivel de atención.
Sin embargo, parece que la situación no era como imaginaban. Recordemos que, al inicio de la pandemia, el impacto en las zonas rurales fue menor respecto a las ciudades. En Huancavelica, el primer caso positivo de COVID-19 se conoció a fines de marzo y hasta junio solo se tenía un total de 29 casos hospitalizados. Esta situación pudo estar asociada al tipo de residencia de la población, pues el 69.5% de los huancavelicanos vive en ámbitos rurales.
La situación es muy grave. Como inicia la crónica que publicó el diario argentino Página 12 sobre Perú, “regresa la pesadilla”. Continúa, “otra vez hospitales saturados, enfermos que mueren sin poder ser atendidos, largas filas para comprar oxígeno en negocios privados que aprovechan que para miles conseguirlo es la diferencia entre vivir o morir para especular con su precio, mientras las autoridades observan sin actuar porque dicen que el modelo defiende el libre mercado”.
Entonces, no había excusa para dejar de intervenir, pese a la indolencia de los empresarios y los desatinos del ministro de Economía. Volvemos a cuarentena que, en principio, para calmar iras, aparenta ser «focalizada» y si bien se hará solo en diez regiones, el hecho es que afecta a más de la mitad de la población del país.
La condición del empleo en Lima Metropolitana ha devenido en una alarmante situación de riesgo, debido a la actual crisis sanitaria y a medidas de reactivación económica que no están orientadas a la protección del trabajo y los trabajadores. Al galopante desempleo, se suma la indiferencia y abuso de algunas empresas privadas que, aprovechándose de recursos legales, despidieron a sus trabajadores y trabajadoras, como Cineplanet o el Grupo El Comercio, que aplicaron medidas como la suspensión perfecta, pese a haber accedido al programa Reactiva Perú.
Un factor es sin duda la ineficiencia de las autoridades para aplicar políticas oportunas y firmes para evitar que sean los más vulnerables quienes “paguen el pato” de la crisis.
Finalmente, el gobierno anunció un conjunto de medidas para combatir la pandemia que parecía haber amenguado desde octubre. Desde fines de diciembre la curva de muertos empezó a incrementarse, la relación entre el número de hospitalizados y las camas UCI con ventilador ocupado mostraba un preocupante aumento, mientras el número de casos activos ya no aparecía en descenso y, simultáneamente, las pruebas que se aplicaban también disminuían. El denominado factor Rt, que mide el potencial de propagación del virus –el número efectivo mayor a 1 indica el riesgo de perder el control de la pandemia–, empezó a crecer en distintas regiones y en el país. La movilidad de las personas, la apertura de la economía con protocolos difíciles de controlar y las fiestas de fin de año incidieron, sin duda.
El gobierno de Francisco Sagasti cumplió su primer mes de gestión en un escenario más difícil del que inicialmente previeron. Todo indica que todavía lejos de la inmunidad de rebaño, que aparece como sorprendente y perversa expectativa de muchos para lidiar con la pandemia, sin acceso a la vacuna contra el Covid-19 en el corto plazo –no obstante las promesas de la ministra de Salud de la gestión Vizcarra que era exageradamente optimista, desmentida por ella misma en su renovado rol de cabeza del sector en la gestión actual–, y con los hospitales llenándose de enfermos en varias regiones, el país enfrenta una crisis económica de magnitud y la inestabilidad política y social ha devenido ya en su forma de ser.
Con 25% de la PEA en el desempleo y con una caída de la masa salarial de más de 33% en Lima, entre octubre 2019 y el mismo mes de este año, el BCR estima en su último Reporte de Inflación que el PBI se contraerá hasta fin de año en -12.7%, proyectando un déficit fiscal de 9.2% por el mayor gasto no financiero y los menores ingresos.
Culmina el primer año escolar en estado de emergencia. En él se han hecho más evidentes las brechas existentes entre la zona urbana y la rural. El reparto de tablets para enfrentar otro medio año de educación virtual, no solucionará estas diferencias. Los cambios que se requieren son más profundos.
Este año, un gran número de estudiantes abandonaron la educación básica o quizá la educación básica fue quien los abandonó. Según las cifras de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, el 4% de los estudiantes matriculados no recibieron el servicio educativo, este porcentaje representa a 14 484 estudiantes. En Puno la cifra oficial de estudiantes no contactados fue de 8000 alumnos, aunque un dirigente del SUTEP de la ciudad altiplánica rebatió esta cifra, estimando que en realidad es mucho mayor, alrededor del 30%. La prevalencia de la deserción escolar, según lo manifestado por el Ministro de Educación (MINEDU), se ha producido en las zonas rurales y en las familias en condiciones de pobreza.
El martes primero de diciembre, a propósito de las protestas y bloqueos de carreteras que llevan a cabo los trabajadores agrícolas de la región Ica, un diario de circulación nacional preguntaba en su portada ¿Quién está detrás? Viniendo de quien viene, la pregunta no buscaba una respuesta, sino que los lectores aceptemos una imposición: la directora Valenzuela quería que respondamos «los terrucos».
Así razonan parte del país, ella y sus derechistas lectores. Simples, lineales, superficiales e incapaces siquiera de formular una explicación mínimamente razonable de las dificultades que aparecen en esa prosperidad falaz basada en la extracción, que todavía no dudan en celebrar.
Semanas atrás observamos perplejos como el Congreso, una de las instituciones con el más bajo índice de respaldo de la población, logró destituir del poder al hasta entonces presidente de la República, Martin Vizcarra, recurriendo a una segunda e ilegal moción de vacancia por incapacidad moral, tras descubrirse indicios de supuestas coimas, cuando éste se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. El resto es historia conocida, en menos de una semana el país juramentó a dos presidentes interinos: el primero, con nulo respaldo ciudadano, lo que generó innumerables manifestaciones civiles a nivel nacional frente a las que la sociedad huancaína no fue ajena; y el segundo, una vez presentada la renuncia de Merino –en medio de una crisis política de grandes proporciones, muertos y heridos de por medio–, Francisco Sagasti, quien asumió interinamente la presidencia de la República, con la misión de asegurar la vía más democrática posible para las elecciones presidenciales de abril próximo.
Aunque al parecer superamos el ojo de la tormenta en el plano político, las demandas populares en medio de la crisis económica se mantienen tal cual.
El telón de fondo de la reciente crisis política se ha definido por tres elementos: el agotamiento del modelo económico evidenciado y agudizado por la pandemia del Covid-19; el desfase entre los intereses de mafias y grupos de poder en relación al gobierno, al punto de descartar al presidente Vizcarra; y finalmente, la necesidad de los «dueños del Perú» de encontrar mejores condiciones para la próxima etapa electoral y la defensa de sus intereses.
A poco de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, es importante referirnos a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el Perú y, específicamente, en Lima Metropolitana. Sin duda la crisis actual generada por el COVID-19, ha afectado gravemente a las mujeres durante los meses de cuarentena, muchas de ellas se han visto obligadas a convivir con sus agresores y sido desprotegidas, no solo del amparo legal, sino también del cuidado en su salud sexual y reproductiva, debido al colapso de nuestro sistema sanitario y a la atomización de la administración pública. Aun en estos días, culminada ya la cuarentena, somos testigos de la organización de las mujeres en muchos barrios de Lima, sosteniendo ollas comunes y conformando comités de salud comunitaria, espacios en los que participan no solo mujeres adultas, sino también niñas y adolescentes que a su corta edad han tenido que lidiar con el desamparo e indiferencia de las autoridades.
La decisión congresal de vacar al Presidente Vizcarra abre un nuevo capítulo de la profunda crisis política que nos agobia desde hace ya varios años. Por la fuerza de los números, 105 votos, se impuso una decisión definitivamente inconstitucional, una suerte de golpe blando cuya naturaleza no cambia por el allanamiento del exmandatario que, a juzgar por su intervención de defensa en el Parlamento, tenía ya entonces claro el final de una película, que una semana atrás, tanto él como el país no creían posible.
Él, porque confiaba que con el anunciado rechazo de APP a la medida y la distancia frente aquella del FREPAP, le alcanzaba. El país, convencido que, en un escenario de pandemia con decenas de miles de muertos, una difícil situación económica y del empleo por los próximos años, así como un proceso electoral ya convocado y en curso, resultaba irracional un cambio de este calibre; máxime cuando el Ministerio Público ya se encontraba investigando el caso.
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