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Las últimas semanas hemos asistido a numerosos debates sobre la situación del proyecto Majes Siguas II; asimismo, se ha publicado diversa información sobre las gestiones que se vienen realizando por distintas instancias públicas para hacerlo realidad, sin que a estas alturas tengamos la certeza de cuál será el futuro del proyecto, paralizado por varios meses en medio de tires y aflojes institucionales.
El gobierno nacional, a través del Minagri, mostró su disposición para destrabar el proyecto proponiendo la suscripción de un convenio que transferiría la titularidad del mismo al ministerio. Sin embargo, esta propuesta fue desestimada por el Consejo Regional de Arequipa, pese a que el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, se manifestó a favor de aceptar la entrega del proyecto a través de un convenio al Ejecutivo.
La política, importa. Hoy más que nunca. Es el universo del deseo. En el mundo real, desgraciadamente, debemos prever los costos de no haberla organizado ni tener los actores mínimamente capacitados para llevarla a cabo, en momentos que se debe contrarrestar una crisis sanitaria sin precedentes, gestionar la convivencia con la enfermedad y, además, buscar reconstruir los factores y espacios sociales que han sido dañados.
En efecto, los impactos económicos han sido fortísimos. Según el Banco Mundial, nuestra caída en el PBI trimestral es de alrededor del 30%, proyectándose algo más del 12% en el anualizado, que si bien es exagerado para algunos analistas locales, no lo es tanto como para dejar de considerar que formamos parte de los peores escenarios a nivel mundial.
Cuando la pandemia del Covid-19 llegó al Perú, era más que evidente que la selva peruana sería la región natural más vulnerable. Las insuficientes capacidades operativas del sistema de salud de nuestra Amazonía, pronto se vieron avasalladas por la demanda de los pacientes que requerían de mucha atención profesional. El principal problema en las localidades selváticas es el escaso número de centros de salud, con equipamiento obsoleto y déficit de personal. La demanda por atención médica provocó el colapso de los hospitales amazónicos. Eran más los pacientes que requerían de hospitalización que la cobertura de las capacidades locales, y el oxígeno –como ocurrió en otras regiones del país– se convirtió en un bien escaso e imprescindible para combatir la enfermedad.
Las encuestas empiezan a mostrar que aún si el novel político Forsyth, alcalde del distrito limeño de la Victoria, se mantiene como el político más popular en el año de la pandemia, nada está asegurado. Y es que recién empieza a calentar motores la mayoría de las organizaciones políticas y grupos a los que eufemísticamente llamamos partidos políticos, pero que no resisten el más mínimo contraste con lo que los teóricos de las ciencias sociales denominaron partidos durante todo el siglo pasado. Las alianzas y candidaturas están en plena germinación y los corredores definitivos que cierren el bicentenario de representación y liderazgo empezado en tiempos de Unanue y Luna Pizarro, no han terminado de perfilarse.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2019), publicados el pasado mes de julio, nos muestran una realidad marcada por la aceptación del uso de la violencia en las relaciones dentro de las familias peruanas: el índice de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres es de 58,9% y en el caso de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes este alcanza el 58,5%. Si bien, por la metodología empleada, el índice no puede ser comparado con los cálculos del mismo realizados en el 2013 y 2015 (años en los que el índice fue de 51,8% y 52,1% y, 42,1% y 54,8%, respectivamente), las cifras manifiestan la vigencia del problema.
Más allá de ayudarnos a describir mejor esta dura realidad y ver qué tanto ha cambiado, la data mostrada por la ENARES nos invita a reflexionar sobre la forma usual de comprender el fenómeno de la tolerancia hacia la violencia dentro de las familias y, en consecuencia, a afinar el abordaje del problema desde las políticas públicas.
Superado el intento de vacancia, empezó ya el proceso que nos lleva a las elecciones 2021. Como lo sostuviéramos en un artículo anterior, la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, seguramente continuará en una disputa donde lo más probable es que ambos continúen perdiendo. La agenda de la misma ya fue adelantada –desde la devolución de los aportes a la ONP hasta el presupuesto del próximo año y la elección del Tribunal Constitucional, pasando ciertamente, por la inmunidad parlamentaria– y tendrá, además, como telón de fondo, la multiplicación de las denuncias contra el mandatario. El tono será distinto, porque desde octubre los parlamentarios estarán en la competencia electoral que se sumará a la guerra de desgaste entre los dos poderes, que será un factor de «adelgazamiento» de las propias elecciones en tanto alternativa a las crisis que vivimos.
Si alguien cree que luego del fallido intento de vacar al presidente Martín Vizcarra (algunos hablan de conspiración) el juego ha terminado, se equivoca. Digamos que hemos visto las dos terceras partes de una pelea pactada a quince asaltos. Estamos ante una pelea donde lo más probable es que ninguno gane; una pelea entre estos «adversarios» cuyas características principales no son solo su falta de «profesionalismo», sino también su visible mediocridad.
Faltan apenas dos meses para iniciar la carrera electoral y unos siete meses para que se realicen las elecciones generales lo que, seguramente, mantendrá a los partidos ocupados tanto para ganar votos como para resolver sus problemas internos y las candidaturas. Lo que importa ahora, sobre todo para el Presidente, es «sobrevivir» hasta julio próximo y así entregar a otro la banda presidencial; y en cuanto a los partidos del Congreso, su problema de ahora en adelante se llama votos.
A diferencia de sus pares en el sur, Arequipa fue una de las pocas capitales que dejó atrás la cuarentena focalizada. Entramos a la fase dos con todos los temores incorporados, hay mucha gente que aún no se atreve a salir a esta nueva normalidad citadina llena de bocinazos y colas en los grandes malls de la ciudad; y es que el rebrote está a la vuelta de la esquina. Algunos especialistas de salud calculan que sucederá a los 15 días contados desde el levantamiento de la cuarentena, pero ya no nos encuentra desprevenidos, algo ha cambiado en la ciudad a pesar de que la ivermectina no ha cesado de producirse y que se sigue repartiendo y recetando como aspirina.
Transcurrido medio año en emergencia, ahora sabemos que se nos fue la vida intentando descubrir las claves de nuestra gobernabilidad en medio de la crisis sanitaria y en el esfuerzo fuimos trazando el imaginario mundo informal-formal, ad hoc para consolidar nuestras zonas de confort y evitar hacernos preguntas incómodas ante las evidencias.
Por eso, nada más molestoso que constatar, sin aceptar, que los actores reales que se estaban conformando en los años previos eran los de la des-gobernabilidad, los que intuitivamente buscan descomponer lo que no los incluye, los que quedaron al margen de nuestro orden. Todo ello, será reforzado por los estereotipos, que consolidan y agravan las brechas existentes y para el caso los medios de comunicación son una excelente caja de resonancia.
En enero de 2020, cuando poco o nada se sabía de la Covid-19, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), anunció la elección de Huancavelica y Cajamarca como regiones piloto para implementar la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”. Esta apunta a promover el adecuado desarrollo infantil temprano a través del acceso oportuno al paquete integrado de los servicios de salud, protección y educación, desde la etapa de gestación hasta los 5 años de edad; y supone una articulación eficiente entre los actores intersectoriales e intergubernamentales.
Es innegable el impacto positivo de la atención adecuada de la infancia en dicho periodo de vida, más aún en poblaciones como la de Huancavelica, que encabeza el mayor índice de desnutrición crónica en menores de 5 años a nivel nacional (30.7%).
Es ya un lugar común que los medios masivos, políticos y opinólogos defensores del modelo económico, así como los dirigentes de gremios empresariales, califiquen algunas leyes y normas emitidas por el Congreso como «populistas», especialmente cuando éstas atentan contra lo que el establishment político nacional entiende como economía de libre mercado.
Esto ha ocurrido una vez más a propósito de la discusión y aprobación (algunas probables, otras ya consumadas) de leyes relacionadas al cobro de peajes, el retiro de fondos en las AFP y la ONP, las deudas en el sector financiero, el ajuste de las pensiones escolares, entre otras, que cambian las reglas de juego en esas materias.
Las noticias diarias evidencian la magnitud de la crisis que estamos viviendo como país en el contexto de la pandemia. Próximos a los 27 000 muertos, el número más conservador que se puede mostrar de la tragedia, con un aparato de salud colapsado no obstante el esfuerzo hecho para incrementar su equipamiento y con una tasa de contagiados de 1665.98 por cada 100 000 habitantes, la situación es dramática. Más dura aun cuando constatamos en los últimos días la ausencia de una estrategia de salud y la falta de comunicación efectiva del Ejecutivo con la población.
Como lo hemos sostenido en un texto anterior, el reemplazo del gabinete Cateriano por el que preside el general Martos, no ha supuesto grandes cambios de fondo ni una manera distinta de enfrentar la situación de la salud, aunque se subrayó la prioridad de aquella cuando se sostuvo que no se puede reactivar la economía cuando se ve que la gente se está muriendo.
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