30 de abril de 2021
Bajo la moderación de Patricia Pinto, de descosur, en representación del Foro Ciudadano de las Américas Perú (FCA-Perú), se dio inicio al Seminario de la macrorregión Sur «Causas y efectos de la corrupción». Participan representantes de organizaciones sociales de las regiones de Arequipa, Apurímac, Puno, Ayacucho, Cusco, Moquegua y Tacna. Como expositores, se cuenta con la colaboración del Dr. Omar Tello Rosales, Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; Dr. Ángel María Manrique Linares, Oficina Defensorial de Arequipa; y Eloy Munive Pariona, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN.
Molvina Zeballos, en representación del FCA-Perú, da la bienvenida, agradeciendo la participación de los presentes; comenta los propósitos que nos animan a continuar esta labor de reflexión en torno al tema de corrupción, como parte del proceso de vigilancia del cumplimiento del Compromiso de Lima. Por esta razón se han realizado seminarios macrorregionales en Norte, Centro y Oriente, siendo este el último, previo al Seminario nacional de cierre que tendrá lugar el 6 de mayo próximo.
Patricia Pinto señaló los objetivos del seminario: (i) reflexionar sobre la situación de corrupción y sus impactos en el desarrollo de las regiones de la macrorregión Sur y, (ii) continuar con la elaboración de una agenda regional de sociedad civil para luchar contra la corrupción. Seguidamente, presentó los resultados del taller previo “Construyendo nuestras voces” que sirvió como insumo a este seminario. Menciona que según el informe de Contraloría General de la República (CGR) se determinan altos índices de corrupción en las regiones del Sur, así en Arequipa alcanza 18.2%; Moquegua, 17.9%; Puno, 13.2%; Apurímac, 14.7% y Tacna, 16.9%. Respecto a las causas de corrupción identificadas en el sistema político, refiere la baja calidad de los políticos y el financiamiento a las campañas políticas por empresarios. Acerca de los funcionarios públicos, no hay personas con vocación de servicio y existe una crisis de valores, hay injerencia política en los aspectos técnicos de los proyectos de inversión, corrupción organizada en el sector público y privado. Respecto a las instituciones, el sistema de Justicia está corrompido, leyes muy benignas y procesos lentos, no se cumple con la ley de protección al denunciante, los controles son débiles y la CGR no tiene poder de sanción. Sobre la ciudadanía, mencionó que había un nulo empoderamiento y escasa capacitación para ésta. Acerca de las consecuencias precisó que se detuvieron grandes obras, hubo uso inadecuado de servicios públicos, los proyectos del Presupuesto Participativo no se ejecutan y se negocian bajo la mesa, se ha generado mayor desigualdad y hay impunidad. Respecto a obras con niveles de corrupción se mencionó la construcción de colegios en los que no se pagó a los contratistas, el proyecto del parque industrial de Yurac que quedó paralizado, lo mismo que el Hospital Hipólito Unanue.
A modo de conclusión señaló como causas: (i) funcionarios públicos sin ética; (ii) inexistencia de un sistema político; (iii) poco control en el financiamiento de campañas políticas; (iv) ciudadanía con pocas herramientas para enfrentarla y escaso empoderamiento; (v) procedimientos judiciales y administrativos largos e infructuosos. Como consecuencias: (i) se amplían las brechas de desigualdad; (ii) vulneración de derechos en salud y educación; (iii) desconfianza en las instituciones; (iv) baja autoestima para ejercer ciudadanía; (v) invisibilidad del impacto de la inversión pública.
Relatoría Seminario Macrorregional Sur
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