Hay varios aspectos que van quedando como «puntos de equilibrio» en la actual política peruana. Uno de ellos es la naturalización del «endurecimiento» como característica fundamental que deben contener las políticas públicas que buscan soluciones a los principales problemas que señalamos los peruanos y peruanas. En pocas palabras, parece habernos llegado el momento de darle oportunidad a toda propuesta que ofrezca una solución tajante, sin considerar los daños que podrían provocar en los derechos de las personas ni en el funcionamiento del Estado de derecho.
En efecto, hemos dado representación congresal a opciones abiertamente confesionales, xenófobas, homofóbicas, represoras y, demás, dejando constancia de que su acción política va por caminos opuestos a cualquier supuesto democrático liberal. Entonces, debemos explicarnos esta articulación al parecer armoniosa entre la aspiración a un orden manifiestamente autoritario de las condiciones sociales y económicas internas, la forma adquirida por el Estado y las condiciones políticas para su funcionamiento, así como sus modalidades de representación política y parlamentaria y, por otro lado, los modelos de gobernanza auspiciados desde el sistema multilateral.
Si bien nunca hubo en el Perú tantos espacios institucionales abiertos al diálogo y a la concertación entre el gobierno, los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, estos languidecieron rápidamente. Pronto, estos espacios que debían ser la arena para la actuación de las organizaciones sociales fueron influenciados por las élites territoriales y los funcionarios de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), lo que denotaba las diferencias que marcaban el desigual acceso a la información, la capacitación, las diferencias educativas y el prestigio existentes entre los diferentes grupos sociales que componen el país.
Entonces, no es solamente que ahora busquemos salirnos de los canales instituidos y tengamos propensiones a fusilar a todos aquellos que no comulgan con nuestras ideas o sentido moral, como quieren unos, o creer que los militares pondrán fin a la inseguridad ciudadana, como argumentan otros. Hay que remarcar también que, en esta línea, un denominador común en todas las bancadas recién conformadas, que además comparten con el Ejecutivo y el Congreso anterior, es que ninguna ha tenido un planteamiento político y una solución por el estilo al problema de la corrupción, salvo declarar su «inflexibilidad» ante ella y/o la posibilidad de «combatirla» incluso fuera de la ley.
En este volumen nos cuestionamos, entre otros temas, acerca de ¿cuáles son los límites de una «mano dura» que tanto atrae a un electorado cansado de una situación que impacta negativamente en su vida cotidiana? Lo hecho hasta el momento en materia anticorrupción no está siendo asociado a más y mejor democracia, como debiera ser, circunscribiéndose a lo que buenamente puede avanzar en el ámbito legal un grupo de fiscales y jueces. Menos aún, ni siquiera hemos considerado que debemos hacerla formar parte de un marco global que busca disminuir la incidencia de este delito, por los inmensos daños que provoca en términos económicos y, especialmente, en la adecuada gobernanza nacional y global.
Ante esto, cómo podemos formular un debate respecto a derechos afectados por la corrupción, más allá de lo que digan los abogados o dirigentes políticos, cuando lo que está en cuestión no es solamente el grado delictivo del comportamiento de los corruptos, sino cómo estos delitos afectan los derechos que el Estado garantiza y, a su vez, cómo este controla la acción de las corporaciones y las obliga a que este objetivo –no dañar derechos reconocidos– sea parte de sus obligaciones.
Inmersos en esta problemática, desde estas páginas alcanzamos algunas reflexiones que nos permitan no solo entender cuánto socava la corrupción a la democracia y al Estado de derecho, cuánto le resta a la construcción de un proyecto nacional que incluya a todos los peruanos y peruanas, y cuán distantes podemos estar de enfrentarla adecuadamente, más allá de los términos legales. Esperamos que esta entrega contribuya a este propósito.
Lima, junio de 2020
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