El gobierno militar y el apoyo crítico a las reformas (1968-1975)

Fracasada la primera experiencia belaundista, 1968 marcó el principio de doce años de gobierno militar que, retomando las banderas reformistas de la década de 1960, inició nuevos y profundos cambios en la sociedad peruana. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado supuso, hasta 1975 un marcado quiebre en la historia del país. Una dictadura militar condujo un proceso de modernización capitalista que definió un tiempo de significativa democratización social en el país. Las sucesivas reformas de la Junta Militar de Gobierno golpearon decisivamente el poder oligárquico que se constituyó desde la fundación de la República, y alentó una etapa de transformaciones y de gran movilización social. En este periodo desco desplegó su acción alrededor de las experiencias de reforma agraria, de las nacientes comunidades industriales, de las empresas de propiedad social y de las nuevas formas de educación popular que se vincularon al debate de la reforma educativa. Se reivindicó la validez de un trabajo de promoción diferente del estatal, sin renunciar a ofrecer alternativas, críticas e ideas para la discusión de las principales reformas que se emprendieron. La incidencia institucional combinó muy claramente una doble lógica: una estrategia desde abajo, desde las organizaciones sociales, su fortalecimiento y su movilización para afirmarse como actores de su historia; y una estrategia desde arriba, influyendo en sectores del gobierno militar y sus principales asesores. Tanto en la intervención directa de promoción cuanto en las investigaciones y publicaciones, desco formuló críticas a las reformas, analizó la coyuntura, ofreció materiales de capacitación y demandó la autonomía de las organizaciones que se impulsaban o surgían en el periodo.

En esta etapa de nuestra historia emprendimos nuestro primer programa de promoción: asesoramos la formación de cooperativas que agrupaban a pequeños propietarios en torno de los servicios de comercialización de insumos, asistencia técnica, servicios contables, asesoría legal y educación popular en el valle de Chancay-Huaral (Lima), y promovimos en él la formación de la Central de Cooperativas. Este programa asesoró a los sindicatos y a la federación del valle, de manera que contribuyó a la articulación de sus esfuerzos y a su fortalecimiento para que cumpliera un papel relevante en la refundación de la Confederación Campesina del Perú (CCP). Una vez culminado el programa, la Central continuó funcionando con sus propios recursos, gestionada por los dirigentes de las cooperativas y con su propio equipo técnico. Nuestro segundo Programa de Desarrollo Rural en Costa se inició como consecuencia del terremoto de mayo de 1970, a partir de un diagnóstico de la microrregión agraria de Chimbote realizado con el Estado. El estudio, que supuso la participación de las organizaciones campesinas tanto para el diagnóstico cuanto para la formulación de alternativas, concluyó con la elaboración del Plan Integral de Desarrollo que debía orientar la acción y las inversiones del gobierno en la zona.

El equipo institucional, ya instalado en el valle del Santa, continuó asesorando a los sindicatos y grupos campesinos que presionaban por la aplicación de la reforma agraria, hasta conseguir la adjudicación de tierras a nueve cooperativas agrarias de producción que conformaron su central para que actuase como instancia reguladora e integradora de los flujos económicos del valle de Santa-Lacramarca. desco tomó a su cargo la gerencia de la central, que desarrolló actividades de producción de alimentos balanceados, asumió la comercialización de la producción de maíz —principal producto del valle— e impulsó actividades de educación popular y formación de más de trescientos líderes. Cuando, en 1976, nos retiramos del valle, la central continuó operando exitosamente.

En esta etapa desco también inició sus acciones en el campo laboral (1972), con un programa que puso su atención en el asesoramiento a las comunidades industriales y a los sindicatos. Convencidos de que sus intereses eran complementarios, alentamos la acción complementaria de ambas formas organizativas. Así, se brindó asesoramiento jurídico, contable y organizativo a decenas de comunidades industriales, y más tarde se apoyó su organización y la creación de la Confederación de Comunidades Industriales (Conaci). Como parte del intensivo trabajo de capacitación en el tema, se elaboró el exitoso Manual del comunero industrial, así como otros estudios y folletos de apoyo al quehacer de los dirigentes comuneros que enfrentaban progresivamente la política estatal para el control de sus organizaciones. Así, entre 1973 y 1974 publicamos distintos textos sobre el particular: La Comunidad Laboral, Evolución de la legislación de comunidades laborales y El conflicto en la Comunidad Industrial. El programa concluyó sus actividades haciendo un estudio de la dinámica y la política de las comunidades laborales, evaluando sus contradicciones, los límites del proyecto y su impacto económico. Este último estudio fue divulgado en dos publicaciones: Dinámica de la Comunidad Industrial y Comunidad Laboral y capitalismo: Alcances y límites.

El sector de propiedad social, alentado por el reformismo militar, dio origen en esta etapa a un área de trabajo complementaria al programa laboral. La asesoría legal y contable se combinó, también en este caso, con una línea de estudios orientada a alentar la discusión y a mostrar las limitaciones de los cambios emprendidos. Por esos mismos tiempos también se debatía en el país la reforma de la educación, sector que ya había sido objeto de nuestra crítica en una publicación de 1972: Detrás del mito de la educación peruana. En ese contexto, desco aportó un conjunto de elementos críticos a partir del estudio permanente de los problemas educativos, pues había participado en diferentes instancias, comisiones asesoras, núcleos de base y proyectos que eran parte de la transformación en curso y su discusión. Priorizamos la línea de la crítica a los contenidos de los textos escolares tradicionales —Cuesta arriba y cuesta abajo (1973)— y el análisis de la situación de los maestros. Si bien la institución no desarrolló proyectos directos y propios en este campo, combinó una amplia gama de asesorías a iniciativas surgidas desde distintos núcleos magisteriales y diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia católica.

Respecto del tema urbano, presente como preocupación significativa desde nuestra fundación, durante este periodo fijamos nuestra atención en el fenómeno de la barriada. A partir de la investigación pionera sobre la marginalidad en Lima Metropolitana, un pequeño equipo institucional realizó una serie de estudios y de propuestas sobre la urbanización y la vivienda popular que se difundieron en distintas publicaciones como Políticas de vivienda popular y barrios marginales, Vivienda en barriadas, Análisis de los avisos de oferta de vivienda y terrenos en Lima Metropolitana 1940-1970 y Aportes a la comprensión del fenómeno urbano: La barriada. De manera complementaria, en otros estudios se trataba de entender algunos de los procesos de socialización de los pobladores barriales y de denunciar la penetración y los intentos de manipulación de los que eran objeto: Estudio del ciclo vital en Pamplona Alta y De invasores a invadidos.

Hacia el final de esta etapa (1973) abrimos una línea de estudios y reflexión política que se inició con la publicación de la Cronología política como herramienta para el seguimiento del proceso en la coyuntura, ofreciendo un trabajo de fuentes y materiales.

La caída de Velasco en 1975 marcó el fin de la etapa reformista de la dictadura militar. Las contradicciones que se observaron desde un primer momento entre los principales actores de aquel gobierno se resolvieron ese año, y así se cerró una época de transformaciones en el país. A lo largo de ella, como ha sido mostrado, desco vinculó, según las circunstancias y sus posibilidades, el trabajo de investigación y de promoción social a una amplia variedad de agentes del desarrollo y especialmente a organizaciones populares que intentaban construir alternativas para su causa. En el ámbito interno, entre 1971 y 1973, y luego de un largo debate, la autogestión se consolidó como parte de los mecanismos de funcionamiento y decisión institucional. Desde entonces, la Asamblea de Miembros de desco integra a la mayoría de trabajadores y elige su conducción; además, establece los lineamientos generales de trabajo y administración. En esa etapa se consagró el derecho de todo trabajador regular de la institución de participar en la definición del trabajo de esta y de ubicar su propia acción en un marco normativo flexible que tiene como eje de evaluación el cumplimiento de los programas de trabajo.