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En Alemania las marchas y manifestaciones contra el fascismo se multiplican ante el inminente avance de la ultraderecha en las próximas elecciones; en Francia su ascenso fue contenido gracias a una alianza de última hora entre el centro y la izquierda para impedir que llegara al poder. En contraste, en muchos países de América Latina, como es el caso del Perú, estas corrientes continúan en crecimiento, prácticamente sin una oposición organizada.
Desde una perspectiva progresista son varias las batallas perdidas en el mundo. Entre ellas está el debilitamiento intenso de las Naciones Unidas, promovido por el presidente estadounidense contra sus agencias de desarrollo, cuestionando su validez y calificando de despilfarro a sus programas, o peor aún, contrarios a la libre determinación de los pueblos.
Durante la campaña presidencial estadounidense, muchos nos tirábamos de los pelos por las consecuencias que traería para el continente y el mundo una eventual victoria de Trump, considerando los antecedentes de su primer gobierno, el fanatismo de sus seguidores que tomaron por asalto el Capitolio bajo el grito de fraude, y la radicalización de la derecha a nivel mundial, esa que enarbola un extraño concepto de libertad.
Durante estos primeros días en el gobierno, los miedos se han ido haciendo realidad. Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo se trata de sentido común… aseveró Trump durante su asunción, quien además anunció un conjunto de medidas con gran impacto en varios sectores.
El 14 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz como respuesta al significativo crecimiento de las economías ilegales y al incremento de la criminalidad en La Libertad. Casi un año después, es evidente que el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, ostensiblemente liderado por la alianza de Fuerza Popular, APP –partido de César Acuña, gobernador de la región–, que tiene como furgón de cola al cerronismo, han naufragado definitivamente, en su política de seguridad y lucha contra la delincuencia. El pasado 12 de enero, presuntos mineros ilegales atentaron una vez más contra las instalaciones de la minera Poderosa, en Pataz, tal como viene ocurriendo desde hace años, dinamitando una torre de alta tensión, en un escenario en el cual, en los meses recientes, los conflictos por el control territorial entre mineros ilegales se intensificaron y se hicieron más violentos como parte de una historia que ya tiene largos años sin que las fuerzas del orden intervengan.
A dos años de gestión municipal en Lima, Rafael López Aliaga, político de ultraderecha y exregidor del procesado alcalde Castañeda –desaparecido sin rendir cuentas a la justicia–, celebra los 490 años de su fundación española. De aquél recibió como herencia política su partido Solidaridad Nacional, para montar Renovación Popular, la organización política de su propiedad, con la que aspiró a la presidencia nacional y luego obtuvo la alcaldía de Lima como premio consuelo. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es claramente un trampolín para que él tiente nuevamente la presidencia de la República en las elecciones 2026.
En marzo 2024, Ipsos indicó que 64% de las y los ciudadanos desaprobaba la administración de López Aliaga, cifra que se confirma con una caída a 31% de aprobación en noviembre.
Para los especialistas en corrupción e inseguridad, el caso peruano resultaba, de alguna manera, algo excepcional. Los aparentes altos niveles de criminalidad que acogían los aparatos estatales peruanos hasta hace un tiempo, no eran acompañados de los consiguientes niveles de violencia que podía esperarse.
Ya no es así. La muerte de Nilo Burga, rápida y sospechosamente sindicada como un suicidio, podría ser el punto de quiebre de las maneras habituales con las que quienes actúan en estos espacios, buscaban resolver sus desencuentros.
La llegada de la temporada de verano trae consigo cambios importantes en la vida urbana para todas y todos. Es un momento en el que el uso intensivo de los espacios públicos en Lima, hace evidente las carencias temporales y la falta de atención a demandas básicas para mínimos aceptables de calidad de vida urbana.
Entre las carencias destacadas en la ciudad de Lima, está la falta de áreas verdes de recreación, parques y plazas públicas con buen mantenimiento para el uso de las y los ciudadanos. Principalmente en los barrios. Ante ello, es urgente invertir en el mejoramiento de dichos espacios públicos, que en esta temporada, son constantemente visitados por familias de Lima y otras regiones; así como garantizar el funcionamiento del transporte público masivo que adolece en medio del agotador y sofocante tráfico de la ciudad.
Los senadores estadounidenses Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, emitieron un comunicado el 6 de diciembre, expresando su preocupación por el impacto que podría tener en la democracia peruana el proyecto que busca modificar la Ley 27692, reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Las alertas manifestadas no se limitan a las referidas autoridades, sino que son extensivas al aparato estatal estadounidense, en tanto las libertades de asociación y expresión, además de ser derechos básicos protegidos por los regímenes democráticos, devienen en instrumentos indispensables para dos de los objetivos políticos, concatenados, que persigue Washington en nuestro hemisferio: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
En la última semana de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas en Perú, organizada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República. Este evento reunió a líderes de 41 pueblos indígenas de diferentes departamentos del país, con el objetivo de promover el diálogo intercultural y el respeto de sus derechos, incluyendo el derecho a la salud.
El Perú, con su rica diversidad cultural y lingüística, enfrenta el desafío de garantizar servicios de salud equitativos y accesibles para todos sus ciudadanos. La implementación de Establecimientos de salud con pertinencia cultural (ESPC) se ha convertido en una estrategia fundamental para reducir las brechas existentes, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas donde la cosmovisión y las prácticas ancestrales son pilares del bienestar.
El tira y afloja entre los mineros informales y el Estado y sus alianzas previas, han quedado en plena evidencia luego de la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.
El plazo de registro de formalización minera, conocido como REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) culmina en este año y el Poder Ejecutivo pretendía cambiarlo por una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, llamada Ley MAPE. Los mineros informales y los ilegales exigen ampliar el plazo y, mientras tanto, seguir laborando libremente –como lo hacen ahora– afectando seriamente el medio ambiente. El dictamen congresal flexible a los requerimientos de la minería informal aprobado aceptando por ley un plazo de seis meses y la posibilidad de ser renovado por Resoluciones Supremas a la culminación del plazo, les asegura su libre funcionamiento
Hace algunas semanas se presentó el Informe Perú del Índice Global del Hambre (IGH) 2024, elaborado por organizaciones no gubernamentales internacionales que integran la red estratégica Alliance 2015, en colaboración con el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); que mide el hambre respecto a tres dimensiones: i) la inadecuada oferta alimentaria, ii) la mortalidad infantil y iii) la desnutrición infantil. En este informe se reveló la situación crítica respecto al hambre en nuestro país que ha mantenido, por segundo año consecutivo, un índice de 19.6 puntos, ubicándose en un estado moderado respecto a otros países y superando, en un poco más de 5 puntos, la posición que alcanzó en 2019. En este año, solo una región, Huancavelica, tuvo un índice grave, mientras que desde el 2022 aumentaron a diez las regiones en esta situación respecto al hambre, encabezadas por Apurímac y Huancavelica, regiones que se han caracterizado por sus condiciones de precariedad y pobreza.
Después de ocho años, Perú volvió a recibir la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento que reúne a 21 países que aproximadamente representan 60% del PBI global, 50% del comercio mundial y casi 50% de la población del planeta. En 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski recién se instalaba y contaba con el respaldo de poco más de la mitad del país. El optimismo relativo de aquellos años contrasta dramáticamente con el pesimismo y la suma de malestares que predominan hoy día, cuando la mandataria y el Congreso de la República tienen una aprobación, que batiendo marcas históricas, se encuentra por debajo del 5%. Si entonces todavía se celebraba el crecimiento económico nacional por encima del promedio de APEC, la reunión de esta semana se instaló en un marco en el que nuestro crecimiento el último año se contrajo 0.6% y la pobreza aumentó alcanzando el 30%.
En el actual contexto de polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la cuenca de Llallimayo en Puno.
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