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El gobierno de Dina Boluarte llega a su segundo Mensaje a la Nación por 28 de julio en el curso interminable de su profunda crisis de legitimidad. Producto de una fortuita, forzada y convenida convivencia con la derecha y el fujimorismo, no tiene más horizonte que el de la restauración de los poderes enraizados en un capitalismo excluyente y sostenerse con los reflejos autoritarios que comparte con sus aliados, dos líneas que se expresan claramente en los múltiples cambios constitucionales perpetrados con impunidad y descaro por un Congreso casi tan rechazado como la Presidenta.
Es poco lo que la ciudadanía espera del Mensaje a la Nación. Es un gobierno con casi nada qué decir sobre lo actuado, poco que ofrecer al país en lo que resta de su mandato y con una enorme deuda en los dos frentes que más preocupan a la gente.
Dos empresas mineras han despertado la indignación en el valle de Tambo ubicado en el distrito de Cocachacra en la provincia de Islay en Arequipa: Southern Peru Copper Corporation y Aruntani SAC.
La primera mantiene un conflicto continuo con los ciudadanos y ciudadanas tambeñas desde hace 14 años debido a la imposición del proyecto Tía María, pese a la mala reputación que esta tiene en el valle, la cual le ha restado credibilidad a su oferta de desarrollo. Además de eso, desde entonces no han cesado los desaciertos como el expresado por uno de sus funcionarios cuando calificó de “terroristas antimineros” a las personas que estaban en contra del proyecto, en una radio limeña de alcance nacional.
La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos resulta demoledora. Como se señala en la introducción de sus resultados, a lo largo de los últimos años nos hemos caracterizado por nuestro débil apoyo a la democracia como régimen de gobierno. Si el Barómetro de las Américas registraba que el 2023, apenas un 19% declaraba estar satisfecho o muy satisfecho con ella, hoy apenas el 13% está satisfecho con su funcionamiento en el país y 53% de encuestados, que llegan hasta el 64% en el Perú rural, evidencia un apoyo bajo a aquella. Estos resultados no son difíciles de entender porque, como lo muestra la misma medición, ocho de cada diez encuestados creen que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político, percepción que es mayor entre los residentes de Lima Metropolitana, las macrozonas centro y sur del país y entre los que pertenecen al nivel socioeconómico C.
Son muchos los vecinos de Lima Sur que crecientemente van tomando conocimiento del proceso de revocatoria del alcalde López Aliaga y de las expectativas que se levantan para su salida. Queda muy claro para los que tienen sus viviendas en las cumbres hacia donde se ha expandido la urbanización de Lima, que el alcalde no cumplió con sus ofrecimientos de llevar agua a las partes altas de los cerros. Ni se apareció, y ahora ofrece motos a la Policía e instalar calesas en el centro histórico.
Tampoco son exitosas las ollas comunes que ofreció apoyar con importantes recursos de la municipalidad, aunque, contando con recursos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) las municipalidades hacen algunos repartos con un marcado énfasis asistencialista.
La semana pasada se informó que, en octubre 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mediante una carta de la presidenta de su Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, recomendaba al Estado peruano asegurarse que la ley que debilita la colaboración eficaz no fuera promulgada. Dicha norma finalmente fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República, en marzo de este año.
El 6 de agosto de 1824, en las planicies de Junín, se libró una de las batallas más significativas para la independencia del Perú y América del Sur. La Batalla de Junín, aunque breve, fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas patriotas, comandadas por el General Simón Bolívar, y las fuerzas realistas españolas. Este combate, que duró menos de una hora, se caracterizó por ser mayormente una lucha de caballería, destacándose por la valentía y el ímpetu de los combatientes patriotas que, a pesar de la inicial superioridad española, lograron una victoria que se convertiría en el preludio de la decisiva Batalla de Ayacucho.
Se percibe un consenso creciente respecto a que la presidenta Boluarte no reina ni gobierna. No habla ni interviene ni en su propia interna, a juzgar por lo que registran las actas de las sesiones del Consejo de Ministros a las que asiste. Y está claro que el Congreso no moverá ninguna ficha que lleve a la salida de Boluarte, pues ello equivaldría a la muerte de Sansón y los filisteos al derribar las columnas del templo que los cobija. Esto, porque constitucionalmente no es posible vacar a la presidenta, sin producir simultáneamente el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones generales.
A la par, todas las encuestas de opinión muestran, de manera persistente y categórica, el rechazo ciudadano a quienes nos gobiernan.
Desde las últimas semanas el Congreso de la República viene promoviendo proyectos de ley que buscan limitar el accionar de los Organismos No Gubernamentales – ONG. Iniciativas que ya desde el 2023 intentaban entorpecer el arduo trabajo que estas entidades realizan junto a las diversas comunidades del país, poblaciones que muchas veces son ignoradas por estas autoridades legislativas. Algunos de estos mecanismos legales fueron impulsados desde bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Unidad y Democracia y Perú Libre. Ahora, desde la comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga, denunciado por los casos de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, se pretende modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el fin de aumentar el control, la supervisión y la fiscalización que ejercen hacia las ONG. La justificación, garantizar el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional que se gestionan por intermedio de las receptoras privadas, función que la APCI ya viene haciendo desde su creación.
La reciente medición de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reitera la gravedad de la situación actual. La encuesta muestra que la aprobación de la señora Boluarte llega apenas al 5%, la más baja desde su llegada a la Plaza de Armas, mientras la desaprobación del Congreso de la República se mantiene en 6%, llegando a un ridículo 3% en el centro y el sur. Buscando factores que expliquen la caída de la mandataria, el IEP subraya la percepción que existe sobre la corrupción en el gobierno –92% cree que es más o igual de corrupto que los gobiernos anteriores–, así como aquella otra sobre la situación económica, dado que 72% dice que el total del ingreso del hogar les alcanza con dificultades o con grandes dificultades. Por lo demás, siete de cada diez personas encuestadas considera que la crisis política sin fin que vivimos, afecta su situación económica.
Después de mucho tiempo vimos un abundante resguardo policial en las calles de Arequipa, y no, no era por una extensión del Estado de Emergencia por el que clamaban los alcaldes, se trataba de una más de las reuniones preparativas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará el mes de noviembre en la capital.
¿Para qué sirvió el crecimiento? Todo parece indicar que regresamos a la normalidad. Las nuevas cifras de pobreza monetaria muestran que el número de pobres en Perú ascienden en el año 2023 a 9 780 000 personas, constituyéndose en la segunda cifra más alta en las últimas dos décadas, sólo superada levemente por la registrada en el 2020, donde se restringieron la mayoría de las actividades económicas en el país, a consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19.
La cantidad de pobres alcanzada el 2023 en el país, es mayor en 596 000 personas a la registrada el 2022 y significativamente superior, más de 3 290 000 pobres adicionales, si se compara con el 2019, año previo a la pandemia.
Atender las demandas de seguridad ciudadana en grandes ciudades del tercer mundo como Lima, requiere un enfoque integral. Exige responder a las causas subyacentes de la delincuencia como tomar medidas para prevenir el crimen y proteger a los ciudadanos, mejorando su entorno. Es indispensable enfrentar las muchas dimensiones que involucra la inseguridad como un problema complejo articulando con eficiencia la intervención de diversos actores, públicos y privados, en diferentes sectores y aspectos de la vida social del Perú.
La seguridad ciudadana requiere atenderse desde múltiples perspectivas, que pasan por el fortalecimiento de la policía local, la implementación de programas de prevención del delito, pero también por la mejora del entorno de las personas.
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