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Los senadores estadounidenses Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, emitieron un comunicado el 6 de diciembre, expresando su preocupación por el impacto que podría tener en la democracia peruana el proyecto que busca modificar la Ley 27692, reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Las alertas manifestadas no se limitan a las referidas autoridades, sino que son extensivas al aparato estatal estadounidense, en tanto las libertades de asociación y expresión, además de ser derechos básicos protegidos por los regímenes democráticos, devienen en instrumentos indispensables para dos de los objetivos políticos, concatenados, que persigue Washington en nuestro hemisferio: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
En la última semana de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas en Perú, organizada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República. Este evento reunió a líderes de 41 pueblos indígenas de diferentes departamentos del país, con el objetivo de promover el diálogo intercultural y el respeto de sus derechos, incluyendo el derecho a la salud.
El Perú, con su rica diversidad cultural y lingüística, enfrenta el desafío de garantizar servicios de salud equitativos y accesibles para todos sus ciudadanos. La implementación de Establecimientos de salud con pertinencia cultural (ESPC) se ha convertido en una estrategia fundamental para reducir las brechas existentes, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas donde la cosmovisión y las prácticas ancestrales son pilares del bienestar.
El tira y afloja entre los mineros informales y el Estado y sus alianzas previas, han quedado en plena evidencia luego de la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.
El plazo de registro de formalización minera, conocido como REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) culmina en este año y el Poder Ejecutivo pretendía cambiarlo por una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, llamada Ley MAPE. Los mineros informales y los ilegales exigen ampliar el plazo y, mientras tanto, seguir laborando libremente –como lo hacen ahora– afectando seriamente el medio ambiente. El dictamen congresal flexible a los requerimientos de la minería informal aprobado aceptando por ley un plazo de seis meses y la posibilidad de ser renovado por Resoluciones Supremas a la culminación del plazo, les asegura su libre funcionamiento
Hace algunas semanas se presentó el Informe Perú del Índice Global del Hambre (IGH) 2024, elaborado por organizaciones no gubernamentales internacionales que integran la red estratégica Alliance 2015, en colaboración con el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); que mide el hambre respecto a tres dimensiones: i) la inadecuada oferta alimentaria, ii) la mortalidad infantil y iii) la desnutrición infantil. En este informe se reveló la situación crítica respecto al hambre en nuestro país que ha mantenido, por segundo año consecutivo, un índice de 19.6 puntos, ubicándose en un estado moderado respecto a otros países y superando, en un poco más de 5 puntos, la posición que alcanzó en 2019. En este año, solo una región, Huancavelica, tuvo un índice grave, mientras que desde el 2022 aumentaron a diez las regiones en esta situación respecto al hambre, encabezadas por Apurímac y Huancavelica, regiones que se han caracterizado por sus condiciones de precariedad y pobreza.
Después de ocho años, Perú volvió a recibir la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento que reúne a 21 países que aproximadamente representan 60% del PBI global, 50% del comercio mundial y casi 50% de la población del planeta. En 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski recién se instalaba y contaba con el respaldo de poco más de la mitad del país. El optimismo relativo de aquellos años contrasta dramáticamente con el pesimismo y la suma de malestares que predominan hoy día, cuando la mandataria y el Congreso de la República tienen una aprobación, que batiendo marcas históricas, se encuentra por debajo del 5%. Si entonces todavía se celebraba el crecimiento económico nacional por encima del promedio de APEC, la reunión de esta semana se instaló en un marco en el que nuestro crecimiento el último año se contrajo 0.6% y la pobreza aumentó alcanzando el 30%.
En el actual contexto de polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la cuenca de Llallimayo en Puno.
Atender con cuidado y seguir la intervención de diversos actores, públicos y privados en los diferentes planos y aspectos de la vida social del Perú, es complicado. Actualmente, no hay espacios mínimamente institucionalizados que permitan dialogar sinceramente entre las fuerzas políticas y sociales. El Congreso de la República, que en una democracia que funcione mínimamente, es la arena en la que se debaten todos los temas de interés nacional, está absolutamente deslegitimado para el diálogo que el país necesita y que solo unos pocos demandan francamente.
Por eso, cuando nos enteramos de que con recursos del Estado se hace seguimiento a los ciudadanos con el fin de intimidarlos, y se amedrenta a funcionarios públicos que renuncian, nuestra preocupación debería ser mayor, pues compromete a instituciones como el Ministerio del Interior.
La movilidad urbana y el transporte público de pasajeros se encuentran en seria crisis desde hace mucho tiempo en la ciudad de Lima. Las actuales autoridades de la Municipalidad de Lima y los responsables del poder Ejecutivo, han renunciado a que Lima cuente con un sistema de transporte público masivo e interconectado eficiente en el área metropolitana de Lima y el Callao. Ello, pese a ser un asunto significativo, que atañe a la posibilidad de incrementar la calidad de vida de más de diez millones de personas, en lugar de impedirla como ocurre con los taxis colectivos y la fantasmagórica presencia de combis asesinas por las noches.
Este es un asunto indispensable de considerar como prioritario para respaldar el desarrollo económico, crear empleo y conectar a las personas con servicios esenciales, como son la atención de salud y la educación.
Hay frases que condensan una época. Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, es el autor de una de ellas, entre miles, que ilustran sin necesidad de explicaciones, nuestros actuales momentos: "En el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente". Dicho, además, cuando circulaba una evaluación de la seguridad alimentaria para el 2023, realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en la que se indicaba que el 51,6% de los hogares peruanos (5.2 millones) se encontraban en inseguridad alimentaria, siendo Puno, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica (por encima del 60%), las regiones más afectadas.
Esta situación, no es solo un problema nuestro. Según FAO, hay por lo menos 733 millones de personas que se enfrentan al hambre debido a los conflictos, las repetidas crisis climáticas y las recesiones económicas en el mundo.
El paro de transportistas en Junín, iniciado el 10 de octubre de 2024, ha escalado rápidamente debido a la creciente preocupación por el crimen organizado y las extorsiones que azotan la región. Transportistas, bodegueros, comerciantes y movimientos estudiantiles se han unido en un frente común para exigir la derogación de la Ley N.º 32108, que consideran ineficaz para enfrentar el crimen organizado.
Este paro tiene lugar en un contexto de inseguridad generalizada en muchas partes del país, y Junín no es la excepción. Los pequeños comerciantes y transportistas, frecuentemente víctimas de extorsiones, ya no ven una solución viable dentro del marco legal actual. La movilización no solo responde a las preocupaciones económicas, sino que también refleja una demanda urgente de mayor seguridad y protección para la ciudadanía.
La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la desaprobación de Dina Boluarte ascendió dos puntos en el mes que terminó y se instaló en 90%, mientras su aprobación parece definitivamente condenada a no superar el 5%. El sur del país (94%) y el Perú rural (93%), no podía ser de otra manera, son los más disconformes con ella. Por su parte, la aprobación del Congreso, se mantiene dentro de los ínfimos niveles registrados en meses anteriores; un mayoritario 92% lo desaprueba, acentuándose en el sur (96%) y sorprendentemente, en el estrato A/B (93%). Nada nuevo bajo el sol en un mes en el que los incendios forestales y el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas incluido, evidenciaron una vez más el desplome del Estado y el naufragio de la política.
Cada vez que se propone un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú, el debate público estalla como una tormenta. Desde el sector empleador, algunos de sus voceros, rápidamente alzan la voz, advirtiendo que cualquier aumento pondría en riesgo la recuperación económica del país. Del otro lado, el sector trabajador no deja de insistir en que la RMV debe ajustarse para cubrir el costo de la canasta básica familiar, una demanda largamente postergada que refleja la necesidad de justicia económica para los trabajadores de menores ingresos.
A pesar de la intensidad de estas posturas, lo cierto es que el debate sobre el salario mínimo debería darse en un espacio técnico, donde prevalezca el análisis riguroso y las cifras sirvan como base de las decisiones.
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