desco opina
El sufrimiento creciente de los peruanos y peruanas a causa de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida es incuestionable, aunque sordo e invisible para el gobierno de Dina Boluarte.
Las libertades democráticas y el imperio de la ley y la justicia siguen siendo jaqueados día a día desde la alianza entre la mayoría congresal y el Poder Ejecutivo, en medio de una plaga de mediocridad e incompetencia que nos castiga llevando a niveles inimaginables la descomposición social e institucional del Perú y el debilitamiento de los valores democráticos.
La mayoría de nuestra sociedad siente la inseguridad ciudadana como un problema que se agrava cada vez más en medio del tipo de democracia que soportamos. Con sus actos, quienes controlan los poderes del Estado, muestran una gran indolencia ante este peligroso desafío. Da la impresión, por lo que efectivamente se hace y se deja de hacer, que se vive una etapa en la historia nacional en la que, como señalan analistas especializados, se ha pasado de una precariedad institucional al descalabro político (Alberto Vergara / Ciudadanos sin República).
Hablar de la crisis del país ya es un lugar común. Mes a mes, las distintas mediciones de la opinión pública nos muestran la abrumadora desaprobación de la señora Boluarte y del Congreso de la República, es decir de la coalición autoritaria, conservadora y corrupta que nos gobierna. La encuesta de agosto del Instituto de Estudios Peruanos, como en los últimos meses, muestra que apenas 6% aprueba la gestión de la mandataria quien registra una desaprobación del 88% que se acentúa en el centro del país (3%), entre las personas de 25 a 39 años (5%) y en el nivel socioeconómico C (4%). Sus socios del Congreso se mantienen en un patético 4% de aprobación, que cae hasta el 1% en la macrozona central.
El nivel de insatisfacción sobre lo dicho por la presidenta en su mensaje presidencial con respecto a economía, seguridad y corrupción, es superior al 80%, en cada uno de los campos.
Muchos no fuimos conscientes de la importancia que tuvo el reciente “nuevo feriado” en conmemoración al Bicentenario de la batalla de Junín. Esta fecha merecía un mejor resultado que intentase reconstruir la tan llamada buena vecindad sudamericana.
Son varios los certificados de defunción que ha fedateado la crisis venezolana. Uno de ellos, por supuesto, es el de la otrora importante diplomacia peruana, aun cuando a nadie parece importarle esta situación.
Contra toda expectativa Dina Boluarte llegó a su segundo aniversario patrio como presidenta. Sin embargo, su posición como mandataria es de las más débiles en la historia política peruana.
El gobierno de Dina Boluarte llega a su segundo Mensaje a la Nación por 28 de julio en el curso interminable de su profunda crisis de legitimidad. Producto de una fortuita, forzada y convenida convivencia con la derecha y el fujimorismo, no tiene más horizonte que el de la restauración de los poderes enraizados en un capitalismo excluyente y sostenerse con los reflejos autoritarios que comparte con sus aliados, dos líneas que se expresan claramente en los múltiples cambios constitucionales perpetrados con impunidad y descaro por un Congreso casi tan rechazado como la Presidenta.
Es poco lo que la ciudadanía espera del Mensaje a la Nación. Es un gobierno con casi nada qué decir sobre lo actuado, poco que ofrecer al país en lo que resta de su mandato y con una enorme deuda en los dos frentes que más preocupan a la gente.
Dos empresas mineras han despertado la indignación en el valle de Tambo ubicado en el distrito de Cocachacra en la provincia de Islay en Arequipa: Southern Peru Copper Corporation y Aruntani SAC.
La primera mantiene un conflicto continuo con los ciudadanos y ciudadanas tambeñas desde hace 14 años debido a la imposición del proyecto Tía María, pese a la mala reputación que esta tiene en el valle, la cual le ha restado credibilidad a su oferta de desarrollo. Además de eso, desde entonces no han cesado los desaciertos como el expresado por uno de sus funcionarios cuando calificó de “terroristas antimineros” a las personas que estaban en contra del proyecto, en una radio limeña de alcance nacional.
La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos resulta demoledora. Como se señala en la introducción de sus resultados, a lo largo de los últimos años nos hemos caracterizado por nuestro débil apoyo a la democracia como régimen de gobierno. Si el Barómetro de las Américas registraba que el 2023, apenas un 19% declaraba estar satisfecho o muy satisfecho con ella, hoy apenas el 13% está satisfecho con su funcionamiento en el país y 53% de encuestados, que llegan hasta el 64% en el Perú rural, evidencia un apoyo bajo a aquella. Estos resultados no son difíciles de entender porque, como lo muestra la misma medición, ocho de cada diez encuestados creen que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político, percepción que es mayor entre los residentes de Lima Metropolitana, las macrozonas centro y sur del país y entre los que pertenecen al nivel socioeconómico C.
Son muchos los vecinos de Lima Sur que crecientemente van tomando conocimiento del proceso de revocatoria del alcalde López Aliaga y de las expectativas que se levantan para su salida. Queda muy claro para los que tienen sus viviendas en las cumbres hacia donde se ha expandido la urbanización de Lima, que el alcalde no cumplió con sus ofrecimientos de llevar agua a las partes altas de los cerros. Ni se apareció, y ahora ofrece motos a la Policía e instalar calesas en el centro histórico.
Tampoco son exitosas las ollas comunes que ofreció apoyar con importantes recursos de la municipalidad, aunque, contando con recursos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) las municipalidades hacen algunos repartos con un marcado énfasis asistencialista.
La semana pasada se informó que, en octubre 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mediante una carta de la presidenta de su Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, recomendaba al Estado peruano asegurarse que la ley que debilita la colaboración eficaz no fuera promulgada. Dicha norma finalmente fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República, en marzo de este año.
El 6 de agosto de 1824, en las planicies de Junín, se libró una de las batallas más significativas para la independencia del Perú y América del Sur. La Batalla de Junín, aunque breve, fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas patriotas, comandadas por el General Simón Bolívar, y las fuerzas realistas españolas. Este combate, que duró menos de una hora, se caracterizó por ser mayormente una lucha de caballería, destacándose por la valentía y el ímpetu de los combatientes patriotas que, a pesar de la inicial superioridad española, lograron una victoria que se convertiría en el preludio de la decisiva Batalla de Ayacucho.
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