El futuro de la Junta Nacional de Justicia

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra la continuidad de las tendencias de la opinión pública que se observan desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Su desaprobación se ha incrementado en cinco puntos desde agosto, llegando a 84% y alcanzando hasta 88% en el centro y sur del país. El Congreso se mantiene firme en su maciza desaprobación, que alcanza al 90%, exhibiendo una aprobación de 6%, que se arrastra al 3%, también en el centro y sur del país. La Fiscal de la Nación, otra de las actrices más activas en la política oficial desde que asumió el cargo, además del estilo autoritario y su alergia al seguimiento público, comparte con la Presidenta el crecimiento de su desaprobación que ya está en 65%.

Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y el cambio climático

A la grave crisis política en el país se han sumado los eventos climáticos extremos que han puesto en jaque la capacidad gubernamental para disminuir las afectaciones en la población y sus medios de vida, como en el caso de la zona altoandina del sur, que ya hemos comentado en extenso en un artículo anterior. Pero no todo está perdido, la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) en parte de las regiones del sur, podrían paliar en un porcentaje estas afectaciones.

Los días 18, 19 y 20 de octubre se realizó en Arequipa, el Encuentro Nacional de MRSE HÍDRICO (MERESE-H), un espacio para intercambiar y reflexionar sobre las experiencias y lecciones aprendidas de los promotores y ejecutores de MRSE-H en Perú, con el fin de identificar las necesidades comunes, las oportunidades de mejora y los retos pendientes para fortalecer y consolidar las acciones de adaptación al cambio climático, en un contexto de crisis hídrica en el país.

Geopolítica de la cocaína en la Amazonía

Según el World Drug Report 2023 el mercado de cocaína es estable y es una muestra de la prosperidad en la que se mueve: US$ 85 000 millones anuales (UNODC), mientras todas las drogas ilegales mueven US$ 320 000 millones (Global Financial Integrity). Europa Occidental es el segundo mercado global después de EE.UU. Allí, es difícil establecer tendencias concluyentes sobre el consumo, hay una estabilización del mercado según el incremento demográfico, por lo que la ONU llama a una alerta máxima sobre esa tendencia.

El mercado de cocaína es global, alcanza a 21.5 millones de usuarios. Se satisface con 458 tm que llegan al mercado final. Esta cifra es cortada y aumentada, por parte de mafias europeas, albanesas y balcánicas.

¿Quién define miedos y necesidades?

El comportamiento social de los seres humanos como individuos se ajusta a ciertas pautas y normas de comportamiento común. Uno de los temas importantes de ese comportamiento es el correspondiente a la seguridad de las personas, como resultado de nuestros múltiples procederes y conductas en sociedad. La posibilidad de pautar su desarrollo es compleja justamente por la naturaleza humana: el llamado libre albedrío, que explica cómo la conducta humana, individual o grupal, es en gran medida reflejo y consecuencia de la voluntad, aunque en tensión con la influencia de fuerzas externas a la persona y de las condiciones en las que vive.

Nos movemos con dificultad en ámbitos que van desde la seguridad alimentaria, la seguridad medio ambiental, la seguridad jurídica y otras, en la perspectiva de alcanzar la ausencia de riesgo, lo que significa conseguir la confianza en algo o alguien. Son variados los tipos de seguridad que anhelamos que, en su conjunto, apuntan a disfrutar un estado de bienestar individual y colectivo como seres humanos.

Cada vez más lejos

Cuestiones más vendibles porque pueden presentarse de manera más «espectacular», como la declaratoria de emergencia en tres distritos por considerar que la inseguridad ciudadana ha desbordado la capacidad de los agentes públicos que debieran controlarla, pusieron de medio lado la visita al Perú de Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para, entre otras actividades, presentar oficialmente el primer informe económico de la OCDE sobre nuestro país.

El sueño de opio de nuestros gobernantes en la última década ha sido, precisamente, la admisión a dicho espacio, al considerar que así mejoraría nuestra imagen y credibilidad internacional, a modo de un ISO que indicaría al mundo nuestra estabilidad económica, buen gobierno y capacidad para responder eficazmente a las demandas y desafíos económicos y sociales.

El estigma del aborto terapéutico

En julio pasado, el caso “Mila” captó la atención de la opinión pública. Como lamentablemente se ha hecho habitual, los medios periodísticos mostraban el caso de una niña de 11 años, embarazada como consecuencia de una violación dentro de su entorno cercano. El calvario de agresiones sexuales en contra de esta niña se inició varios años antes, pero la madre nunca había denunciado al padrastro victimario, por temor a las amenazas. Por otro lado, aduciendo que no había suficientes elementos de convicción, un juez dejó en libertad al violador, obligándole tan sólo a una comparecencia periódica en el juzgado, sumado a ello la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto, no activó el Protocolo Base de Actuación Conjunta para casos de violencia sexual, es decir, no la derivó a un establecimiento del MINSA, ni mencionó a la familia de la víctima la posibilidad de solicitar la aplicación del aborto terapéutico por los riesgos en la salud de la niña.

A propósito de la Junta Nacional de Justicia

Mientras el Congreso de la República empieza a dudar de los caminos para consolidar la coalición autoritaria que nos gobierna, el Ejecutivo de Boluarte y Otárola hace agua por múltiples frentes. La ofensiva que iniciara el Parlamento nacional contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) semanas atrás y que parecía indetenible parece enredada en la improvisación, la informalidad y la impunidad que caracterizan la acción toda de ese poder del Estado y de la propia investigación express de sus integrantes, que pretenden. Las reacciones en contra, entre las que destaca la aparición y primera movilización el pasado 16 de septiembre de la Plataforma por la Democracia, espacio que agrupa a más de 60 organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y colectivos culturales, incluyendo a distintos grupos políticos de izquierda y liberales, aunque están aún lejos de alcanzar para afrontar el autoritarismo, muestran un camino abierto y amplio para enfrentarlo.

Crisis en el sur por el cambio climático

Para nadie es secreto que el cambio climático es un hecho incuestionable y que sus efectos son, y serán, cada vez más agresivos; pero ni la población ni las autoridades en el país parecen tomárselo en serio, todavía.

Quedan menos de cuatro meses para que el Niño Costero se manifieste con toda su ferocidad. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ha hecho un mapeo nacional de los 9000 puntos críticos por huaycos e inundaciones, pero lo que no vemos hasta ahora es el mismo esmero para comunicar sobre los puntos críticos de la sequía que está afectando a toda la zona altoandina por tercer año consecutivo. El Cenepred cuenta con un reporte sobre los escenarios de riesgo por sequía que debería tener no sólo la misma difusión en prensa que tiene el de inundaciones, sino que tendría que ser un documento de trabajo permanente para el gobierno nacional, de modo que las partidas presupuestarias apunten a la remediación y adaptación, así también para que los gobiernos regionales y locales comiencen a planificar acciones en el mismo sentido.

La profundización de la crisis

Resulta inaceptable lo que ocurre en el gobierno nacional y el Congreso de la República, pero parece peor lo que puede estar por venir.

Si tuviéramos el Estado en nuestras manos, es solamente un decir, si controláramos los gobiernos municipales, las regiones y por cierto el Poder Ejecutivo y el Parlamento, la crisis se estaría administrando de otro modo. Hay un amplio sector de la ciudadanía que lo haría de manera distinta. De lo contrario, el gobierno tendría otro nivel de aprobación y no el enorme y ascendente rechazo actual. Si hubiera partidos políticos negociando en el escenario nacional y diálogo, podríamos participar en un juego democrático.

Orden territorial desde arriba

Un problema grande que arrastra por siglos nuestro país es la ausencia de un ordenamiento territorial que atienda a las necesidades de la población. Desde los tiempos de la conquista europea al Tahuantinsuyo, el ordenamiento territorial en el Perú se sigue haciendo en función de las conveniencias de las clases dominantes, de grupos económicos con intereses propios, sin un compromiso nacional y nunca en la perspectiva de articular un manejo sostenible del país. Menos aún preocupación por facilitar y mejorar las condiciones de vida de las mayorías o disminuir las desigualdades. Tampoco se ha buscado un ordenamiento territorial que contribuya a compensar y complementar unas regiones con otras, protegiendo y respetando el medio ambiente.

“La política y el crimen son lo mismo”

Lo que viene ocurriendo en Ecuador –asesinatos de candidatos y autoridades– tanto como en Colombia –detenciones que mostrarían, nuevamente, los lazos entre la política y las actividades ilícitas–, llaman una vez más la atención sobre las vinculaciones entre el mundo criminal y los espacios formales en nuestros países.

En este marco, no han sido pocas las preguntas sobre la situación del Perú y tampoco han sido pocas las “respuestas” que se han guiado antes que, por el sentido común, por la fantasía sin una mínima verificación de los datos que supuestamente estarían apoyando la circunstancial afirmación que se hace. Un aspecto básico para el debido abordaje del tema son las tasas de homicidio, que se estimó en 16,4 por cada 100 000 habitantes para América Latina y el Caribe en el 2022.

Violencia recurrente en el gobierno de Boluarte

Este 6 de agosto conmemoramos los 199 años de la Batalla de Junín en las pampas de Chacamarca, un momento significativo de revaloración de la gesta heroica de todas las sangres donde se fomenta la unión entre todos los pueblos. Dada la importancia de esta batalla en el proceso de independencia del Perú, la fecha fue motivo para la presencia de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, quién llegó a la región Junín para participar en la ceremonia conmemorativa acompañada no sólo de su Gabinete, sino también de congresistas y embajadores.

Las imágenes que mostraron los medios oficiales y el canal del Estado a nivel nacional, fueron las de un evento aparentemente “armonioso” y festejado a lo grande.