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Las derechas peruanas de hoy, entendiendo por ellas a las agrupaciones que consideran la desigualdad como una cuestión natural, se diferencian de otras de la región por la estabilidad que lograron en el orden neoliberal que construyeron los últimos treinta y cinco años, así como por su creciente hegemonía política e ideológica. Carlos Alberto Adrianzén, sostuvo certeramente cómo la cohesión lograda por las élites empresariales desde los años 80 cuando fundaron la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), así como la renovación ideológica neoliberal promovida entre otros por Hernando de Soto, explican la estabilidad lograda que se vio posteriormente alimentada por el crecimiento económico y la expansión de la economía extractiva. El sorpresivo triunfo de Fujimori en los 90 fue absorbido por quienes apoyaron a Vargas Llosa, y su gobierno y su pronto autoritarismo, autogolpe mediante, tuvo como soporte una coalición integrada por las FF.AA., las élites empresariales, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y los organismos multilaterales.
El informe de la Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido un parteaguas para el régimen de Dina Boluarte. Tras su presentación, la mandataria se ha visto obligada a dejar caer su máscara, insinuando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como eventuales responsables de la violación de los derechos humanos durante la represión en las protestas, buscando así, una vez más, salvar su responsabilidad argumentando patéticamente: “Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”
Aunque el Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional interpuesta por la representante Ruth Luque contra la señora Boluarte y varios de sus ministros por todas las muertes durante las protestas, su suerte parece estar echada, a pesar del blindaje de una mayoría que continúa aferrada a sus curules, como ella a Palacio.
El desventurado incidente migratorio entre nuestro país y Chile deja una vez más en deplorable pie a la Cancillería peruana y de paso evidencia el pésimo manejo de la gobernabilidad nacional por parte del Gobierno Boluarte-Otárola.
Centenares de personas, en ruta desde Chile, continúan varadas durante semanas en la frontera sin una salida humanitaria e inteligente ante el impedimento de entrada a nuestro país de migrantes de diversas nacionalidades. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado que ésta es una política para proteger al Perú contra la ola de violencia que se vive. Las medidas adoptadas son, si no vergonzosas, incoherentes.
La población de Lima Metropolitana que bordea los 11 millones de habitantes, es un tercio de la población de todo el Perú. Pese a ser la capital del país, las y los ciudadanos no ejercen sus derechos; ni el gobierno nacional –con sus Ministerios–, ni el gobierno metropolitano y las gestiones distritales pueden solucionar los problemas que aquejan a la población que vive en esta ciudad.
Sus problemas son conocidos y los vemos y sentimos cada día. Enfrentamos la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres y la infancia, la contaminación ambiental, el constante peligro de desastres resultado de fenómenos naturales, el caos vehicular, la malnutrición, la incidencia de casos de tuberculosis, el desempleo, la informalidad, la pobreza, la desigualdad extrema y un largo etcétera más. La ineficiencia de las autoridades y los casos de corrupción han contribuido a que esta problemática se mantenga y en muchos casos se incremente.
Dice Judith Butler que la desposesión es lo que sucede cuando las poblaciones pierden su tierra, su ciudadanía, sus medios de supervivencia y se transforman en sujetos de la violencia militar y legal. Por ello, afirma, “nos oponemos a esta forma de desposesión porque es tanto forzosa como privativa”. Puntualiza entonces, “incluso cuando tenemos derechos, somos dependientes de un modo de gobierno y de un régimen legal que confiere y les da sustento a esos derechos”.
Resumiendo, el asunto no radica en declarar los derechos sino en evaluar a los gobernantes a partir de cómo percibimos el ejercicio de estos derechos declarados. Esta es una afirmación oportuna y necesaria para el debate, en momentos en que desde algunos círculos que están a favor de la vigencia a rajatabla del actual modelo económico, se preconiza que salvo el crecimiento todo es ilusión.
La importancia de nuestros recursos amazónicos está fuera de discusión. Es tarea de los distintos organismos estatales con funciones en la materia, asegurar el cumplimiento de políticas y medidas para garantizar su conservación y uso sostenible. La exagerada insistencia de parte de distintos congresistas por aprobar una norma que a todas luces es lesiva para nuestro patrimonio forestal, resulta, en consecuencia, llamativa. Peor aún por los argumentos pueriles exhibidos con los que se pretende cambiar varios artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763): “no debemos permitir que los agricultores pierdan parte de sus cultivos, cuando luego de algunos estudios los declaran parte de una zona forestal” o “de esta forma, se evita su criminalización y se promueve su desarrollo”. La Autógrafa comprende los proyectos de ley 649, 894 y 2315.
El 23 de marzo pasado, el pleno del congreso discutió el referido proyecto de ley. Aunque la iniciativa, impulsada por grupos en teoría tan disímiles como Fuerza Popular y Perú Libre, fue rechazada, inmediatamente sus promotores pidieron la reconsideración de la votación.
Las primeras planas de los periódicos y la cobertura diaria de la radio y la televisión fueron ocupadas las últimas semanas por los desastres y la emergencia asociada al ciclón Yaku. La presidenta y su primer ministro creyeron descubrir una oportunidad para “pasar la página” de los muertos, heridos, detenidos y perseguidos de las protestas y las demandas que se iniciaran hace ya más de 4 meses.
Han transcurrido casi cuatro meses desde el naufragio del proyecto castillista y la instauración del gobierno de Dina Boluarte, auspiciado por una interesada alianza de congresistas ultraconservadores, las Fuerzas Armadas y retazos de Perú Libre, como el bloque magisterial o Perú Democrático, así como otros parlamentarios defensores de los privilegios congresales a cualquier costo. Han corrido también casi tres meses desde los 19 muertos en Juliaca, como parte de una brutal represión desatada con el propósito de sostener un gobierno y un régimen profundamente rechazados por la mayoría nacional. A la fecha, suman 62 las víctimas de la represión indiscriminada, 49 asesinados o víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que son motivo de condena internacional, a pesar de que no hay responsables políticos y que las investigaciones fiscales para el establecimiento de las responsabilidades penales son lentas, pese a la abundante evidencia.
Los contextos y coyunturas influyen si se leen como información y datos sociales en una dinámica de clases, no sólo de consumidores o de habitantes de territorios urbanos, rurales o casi despoblados del país. En nuestra sociedad se asoma una recomposición de clases en curso a la que debemos prestar mucha atención.
El derecho a la ciudad es en gran medida el derecho a la vivienda y al espacio público. La Ley N° 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, promulgada en años recientes, acaba de entrar en plena vigencia al ser aprobado su reglamento mediante Decreto Supremo del 2 de marzo (Nº 001-2023-vivienda). Éste permite que sea una norma aplicable en todo el país que debemos cuidar y asegurar que se cumpla en nuestras ciudades de la Costa, la Sierra y la Amazonía.
La Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, inspirándose en criterios ecológicos, urbanísticos y monumentales, busca establecer las condiciones para la adecuada gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos en nuestras ciudades y sus entornos. Con el reglamento aprobado contamos con una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida de las personas, el ambiente de las ciudades y de los centros poblados de nuestro país.
Tiempo de paradojas, como en los años 80. Ahora, como entonces, la defensa de la legalidad quiere justificarse con el uso desproporcionado, indiscriminado, ilegal e ilegítimo de la fuerza estatal. Así ha quedado claro, con las respectivas evidencias, que en los operativos organizados para contener las movilizaciones sociales hubo dos situaciones: una, el grueso del contingente policial enfrentando directamente a la población, provocando, es cierto, un gran daño; dos, la presencia de francotiradores que han asesinado con disparos certeros y a distancia a personas que, obviamente, no estuvieron en el centro de las manifestaciones. Resta saber con precisión quiénes son, y, sobre todo, cuáles eran las motivaciones de sus acciones.
Estamos frente a situaciones en donde al menos un grupo o un sector de actores estaría esforzándose para no dejar siquiera ruinas del estado de derecho. Si bien en sí mismo, esto ya es más que preocupante –intolerable– para los que aún creemos que la democracia es la mejor manera de organizarnos políticamente y, por lo tanto, no debiéramos destruirla, sino al contrario, fortalecerla.
En la pradera altoandina de Huancavelica, sobre los 3800 msnm, la crianza de alpacas es la principal actividad económica de las familias de este territorio.
El Midagri señala que el sector alpaquero –como toda la ganadería de la sierra– ha atravesado por serias crisis; durante la década de los años 70, por efecto de la ley de Reforma Agraria; en la década de los años 80 por los impactos ocasionados por la violencia social, producto del terrorismo; y en las siguientes, por efectos del cambio climático, donde la persistencia de sequías prolongadas y heladas severas, ha llevado a la descapitalización de este sector productivo.
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