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Los últimos días la política del país ha estado centrada en el Congreso de la República. Caída en desgracia Patricia Benavides, suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el Ministerio Público en recomposición de sus fuerzas, se sintieron pasos en la avenida Abancay. A fin de cuentas, muchos de sus integrantes, dada la cantidad de carpetas fiscales que existen sobre sus miembros, se sintieron en capilla. De allí que decidieran aceleradamente, violando todas las formas, pero también el más elemental sentido común, aprobar la moción que impulsó la bancada de Renovación Popular para remover “de manera inmediata” a los siete integrantes de la JNJ por una “flagrante comisión de actos contrarios a la ley”, llevando a la Junta de Portavoces a citarlos para el 15 de diciembre, con el fin evidente de ajusticiarlos y volver las cosas al orden, que estaban seguros, era imbatible.
El 7 de diciembre se cumplió un año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que lo llevó a la cárcel. La torpeza de su sucesora, Dina Boluarte, de juramentar hasta el 2026 cuando se requería un adelanto de elecciones, así como su evidente acuerdo con los sectores más duros del Congreso que le suspendieron una investigación en curso, levantó a la población en distintos lugares del país durante las sucesivas semanas, con un balance doloroso de muertos y heridos en Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa, La Libertad y Ayacucho, que aún no encuentran justicia.
A sabiendas de la cercanía de este triste aniversario, donde se quebró el orden institucional, el Ejecutivo publicó un decreto legislativo para cambiar el Código Penal, buscando profundizar y ampliar la criminalización de la protesta.
Muy cercanos a la fecha del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y de las protestas que se prolongaron hasta marzo, resulta todavía difícil tomar distancia de estos sucesos, que aún nos conmocionan.
El nuevo gobierno, instalado hace apenas un año, producto de un pacto entre los restos que dejó Castillo en el Poder Ejecutivo (la sucesión presidencial de Dina Boluarte) y el bloque que conformaba el control del poder en el Legislativo, está siendo profundamente afectado por la crisis terminal que enfrenta la Fiscal de la Nación, la abogada Patricia Benavides, al salir a la luz contundente información sobre su presunto proceder criminal, aprovechando su cargo para favorecer a mafias a cambio de su permanencia en el poder…con el que ahora ha roto parcialmente, al enfrentarse al Poder Ejecutivo, parodiando a un Sansón que destroza las columnas y muere con todos los ocupantes ilegítimos del templo.
A semejanza de lo evidenciado en otros ámbitos, las condiciones favorables para que el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas de nuestro país sea efectivamente garantizado, no van a producirse desarrollando solamente una buena legislación al respecto. Es ampliamente reconocido que, en las últimas décadas, la igualdad de género en el Perú ha avanzado en varias dimensiones como, por ejemplo, la educación en todos sus niveles y su mayor inclusión en el mercado laboral: cerca de seis de cada diez mujeres tienen un empleo, una cifra superior a la media latinoamericana.
Aun así, hay grandes desafíos por superar. Como en todos los países, hombres y mujeres no comparten por igual las actividades laborales remuneradas y no remuneradas.
La recesión tomó forma de manera oficial y se convierte en el principal dato económico del año. Aun cuando se acepte lo que parece haber sido obvio, al menos desde mediados de año, no deja de ser un asunto desconcertante.
Para empezar, apenas un año atrás no era algo que estuviera en los cálculos de nadie que formara parte de los oráculos económicos. Hacia 2022, se señalaba que Perú constituía un caso especial, ya que pese a los constantes cambios políticos y tensiones sin resolver entre el Ejecutivo y el Legislativo, era visto como un ejemplo de éxito y estabilidad, en medio de la incertidumbre que empezaba a cernirse sobre las economías latinoamericanas.
En el Perú se han promulgado diversas políticas públicas en relación a los niños, niñas y adolescentes que, lamentablemente, no se han cumplido adecuadamente para garantizar sus derechos. A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos significativos en áreas clave como la educación, la salud y la protección de la infancia.
Desde que la Convención sobre los Derechos del Niño fuera aprobada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada por 192 países, entre ellos el Perú, la situación de los niños, niñas y adolescentes no ha mejorado significativamente. En sus 34 años de vigencia, la Convención no ha supuesto mejoras significativas en las brechas de desigualdad, pobreza y pobreza extrema. En cuanto a la educación, se han registrado altos índices de deserción escolar y falta de acceso a una educación de calidad en muchas zonas rurales y marginales del país. Además, la falta de inversión en infraestructura educativa y la escasez de docentes capacitados han limitado las oportunidades de aprendizaje de miles de niñas, niños y adolescentes.
La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra la continuidad de las tendencias de la opinión pública que se observan desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Su desaprobación se ha incrementado en cinco puntos desde agosto, llegando a 84% y alcanzando hasta 88% en el centro y sur del país. El Congreso se mantiene firme en su maciza desaprobación, que alcanza al 90%, exhibiendo una aprobación de 6%, que se arrastra al 3%, también en el centro y sur del país. La Fiscal de la Nación, otra de las actrices más activas en la política oficial desde que asumió el cargo, además del estilo autoritario y su alergia al seguimiento público, comparte con la Presidenta el crecimiento de su desaprobación que ya está en 65%.
A la grave crisis política en el país se han sumado los eventos climáticos extremos que han puesto en jaque la capacidad gubernamental para disminuir las afectaciones en la población y sus medios de vida, como en el caso de la zona altoandina del sur, que ya hemos comentado en extenso en un artículo anterior. Pero no todo está perdido, la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) en parte de las regiones del sur, podrían paliar en un porcentaje estas afectaciones.
Los días 18, 19 y 20 de octubre se realizó en Arequipa, el Encuentro Nacional de MRSE HÍDRICO (MERESE-H), un espacio para intercambiar y reflexionar sobre las experiencias y lecciones aprendidas de los promotores y ejecutores de MRSE-H en Perú, con el fin de identificar las necesidades comunes, las oportunidades de mejora y los retos pendientes para fortalecer y consolidar las acciones de adaptación al cambio climático, en un contexto de crisis hídrica en el país.
Según el World Drug Report 2023 el mercado de cocaína es estable y es una muestra de la prosperidad en la que se mueve: US$ 85 000 millones anuales (UNODC), mientras todas las drogas ilegales mueven US$ 320 000 millones (Global Financial Integrity). Europa Occidental es el segundo mercado global después de EE.UU. Allí, es difícil establecer tendencias concluyentes sobre el consumo, hay una estabilización del mercado según el incremento demográfico, por lo que la ONU llama a una alerta máxima sobre esa tendencia.
El mercado de cocaína es global, alcanza a 21.5 millones de usuarios. Se satisface con 458 tm que llegan al mercado final. Esta cifra es cortada y aumentada, por parte de mafias europeas, albanesas y balcánicas.
El comportamiento social de los seres humanos como individuos se ajusta a ciertas pautas y normas de comportamiento común. Uno de los temas importantes de ese comportamiento es el correspondiente a la seguridad de las personas, como resultado de nuestros múltiples procederes y conductas en sociedad. La posibilidad de pautar su desarrollo es compleja justamente por la naturaleza humana: el llamado libre albedrío, que explica cómo la conducta humana, individual o grupal, es en gran medida reflejo y consecuencia de la voluntad, aunque en tensión con la influencia de fuerzas externas a la persona y de las condiciones en las que vive.
Nos movemos con dificultad en ámbitos que van desde la seguridad alimentaria, la seguridad medio ambiental, la seguridad jurídica y otras, en la perspectiva de alcanzar la ausencia de riesgo, lo que significa conseguir la confianza en algo o alguien. Son variados los tipos de seguridad que anhelamos que, en su conjunto, apuntan a disfrutar un estado de bienestar individual y colectivo como seres humanos.
Cuestiones más vendibles porque pueden presentarse de manera más «espectacular», como la declaratoria de emergencia en tres distritos por considerar que la inseguridad ciudadana ha desbordado la capacidad de los agentes públicos que debieran controlarla, pusieron de medio lado la visita al Perú de Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para, entre otras actividades, presentar oficialmente el primer informe económico de la OCDE sobre nuestro país.
El sueño de opio de nuestros gobernantes en la última década ha sido, precisamente, la admisión a dicho espacio, al considerar que así mejoraría nuestra imagen y credibilidad internacional, a modo de un ISO que indicaría al mundo nuestra estabilidad económica, buen gobierno y capacidad para responder eficazmente a las demandas y desafíos económicos y sociales.
En julio pasado, el caso “Mila” captó la atención de la opinión pública. Como lamentablemente se ha hecho habitual, los medios periodísticos mostraban el caso de una niña de 11 años, embarazada como consecuencia de una violación dentro de su entorno cercano. El calvario de agresiones sexuales en contra de esta niña se inició varios años antes, pero la madre nunca había denunciado al padrastro victimario, por temor a las amenazas. Por otro lado, aduciendo que no había suficientes elementos de convicción, un juez dejó en libertad al violador, obligándole tan sólo a una comparecencia periódica en el juzgado, sumado a ello la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto, no activó el Protocolo Base de Actuación Conjunta para casos de violencia sexual, es decir, no la derivó a un establecimiento del MINSA, ni mencionó a la familia de la víctima la posibilidad de solicitar la aplicación del aborto terapéutico por los riesgos en la salud de la niña.
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