La temporada de un circo que se prolonga

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos da cuenta cabal de la caída en picada de la aprobación del Congreso de la República. Ésta, que se inició con 31% en agosto 2021, no obstante que un sector del mismo alentado por la furia de Keiko Fujimori permanecía inalterable en la cantaleta del fraude electoral, ha llegado en julio de este año apenas a 6%.

Sin reconciliación a la vista

El extenso mensaje presidencial por Fiestas Patrias de Dina Boluarte no ha menguado la indignación ciudadana, sobre todo porque las disculpas por las muertes durante las protestas de hace algunos meses no se han hecho a título personal, ni del Ejecutivo, sino a nombre del Estado.

El mensaje y la mensajera

A diferencia de los gobiernos de las últimas dos décadas, el de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tienen en el Congreso de la República a su principal soporte y no a un poder del Estado confrontacional y hostil. Se trata a todas luces de un gobierno subordinado al poder legislativo.

¿Y el derecho a la alimentación?

Durante los últimos meses Lima Metropolitana ha experimentado un aumento de precios en los principales productos de la canasta básica familiar. Si bien es cierto este fenómeno no es reciente, sí causa alarma lo que sucede con los alimentos, en un escenario de crisis climática que amenaza el país. Según el Informe Técnico N° 06 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en mayo último el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró un aumento del 0.32%; y pese a que en el mes de junio esta cifra disminuyó 0.16%, productos como la cebolla roja, espinaca, tomate o huevos registraron alzas considerables.

Frente a este escenario, se pone en riesgo el abastecimiento adecuado de alimentos y con ello un continuo encarecimiento de productos básicos que componen el menú diario de los más de 3 millones de hogares que conforman la ciudad de Lima, de los cuales un 33.5% son sostenidos por mujeres y el 77.9% se sitúa en el sector socioeconómico C, D y E; haciendo probable una situación de alta inseguridad alimentaria en el país.

Tirios y troyanos de papel

Los aprestos para la largamente anunciada Tercera Toma de Lima se iniciaron. El 1 y 2 de julio, se reunió una denominada Asamblea Nacional de Dirigentes Gremiales de las 26 regiones del Perú y conformó el Comando Nacional Unitario de Lucha que debe “liderar y unificar la tercera Toma de Lima y exigir la salida de la presidenta Dina Boluarte”. Fue lo que informaron el dirigente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), Erwin Salazar y el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), Santos Saavedra.

Salazar, además, precisó a los medios de comunicación que en dicha asamblea participaron 800 dirigentes de las distintas regiones del Perú. Junto a la CGTP y CUNARC, estuvieron representantes de organizaciones como la Asamblea Nacional de los Pueblos, Federación de Pueblos Jóvenes, Macro Norte, Macro Sur, Macro Centro y Construcción Civil.

Balance de inversión pública en Huancavelica

En mayo de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoció el esfuerzo para aumentar la inversión pública y transferir S/100 millones al Gobierno Regional de Junín y 374 municipios por haber alcanzado metas de ejecución presupuestaria”. Junín logró situarse en primer lugar del ranking entre los 25 gobiernos regionales, recibiendo un bono de 38.5 millones de soles como incentivo por su destacada labor.

En contraste, Huancavelica hasta el mismo mes, solo ejecutó el 32.4% del presupuesto asignado para inversión pública, ubicándose en el puesto 22 del ranking nacional, con una ejecución de 12.7% de los 300.8 millones de soles aprobados como Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el 2023. Esto significa que la región no recibió ningún bono por parte del MEF y tiene un gran retraso en la ejecución de sus obras públicas.

¿Bombera o incendiaria?

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) no presenta mayores sorpresas. La aprobación de la mandataria sigue cuesta abajo en la rodada (12%) y registra su porcentaje más bajo desde la instalación de su gobierno en diciembre del año pasado (19%). Su gestión es la peor evaluada desde que se empezaron a medir estas percepciones, y a seis meses de iniciada, el 30.5% de los encuestados califican su gobierno como muy malo. Tan malo, que el 51% considera que es peor que el de Pedro Castillo, porcentaje que asciende a 59% si no consideramos Lima Metropolitana. Es cierto que como inútil consuelo, la señora Boluarte tiene al lado la desaprobación de sus socios del Congreso que asciende a un 91%, incluyendo a la capital, donde alcanza 90%.

Que su gestión es desastrosa, no caben dudas. Sorprende, sin embargo, la narrativa triunfalista de un gobierno que parece creer que reprimiendo los descontentos de la población, buscando el apoyo de las multilaterales y anunciando el reparto alegre del presupuesto.

Reivindicación de derechos en agenda

Hace una semana, varias organizaciones de mujeres puneñas participaron de un encuentro para revisar y actualizar la Agenda Regional de Mujeres Aimaras, Quechuas y Uros de la Región Puno, para que sea difundida y tomada en cuenta por las nuevas autoridades, quienes asumieron ese compromiso durante la gestión anterior, mediante la Resolución Ejecutiva Regional que la oficializó, pero que no logró concretarse.

Uno de los temas relevantes en la agenda es el agua, ya que son ellas las que conocen de cerca los efectos del cambio climático en sus comunidades, como la escasez de agua para la producción agropecuaria. Para paliar este problema proponen la ejecución de proyectos de siembra y cosecha de agua con tecnología ancestral, y la implementación de Ordenanzas Regionales vinculadas al tema como la que ordena la elaboración de un Plan Regional de Agricultura Familiar.

Mal cálculo, insensatez o cinismo

Si la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de ministros Alberto Otárola están sólo en capacidad de ofrecer al país su autoritarismo negacionista, deberían renunciar. No lo van a hacer. La deshonestidad pública del gobierno no concierne únicamente a su afán por negar las masacres perpetradas durante las protestas de diciembre a febrero, sino ahora, más recientemente, por desconocer su muy mala imagen internacional derivada de las masacres y de la mediocridad de gestión.

Distintas violencias urbanas

En las actuales décadas el delito, la acción criminal y otras formas de violencia interpersonal, han alcanzado una dimensión inédita de violencia urbana. Esto ha afectado las conductas de la población, su vida cotidiana, su sentido de comunidad real e imaginario y, por lo tanto, han alterado las formas de pensar y hacer la ciudad. Provoca un enorme sufrimiento a cientos de millares de personas, especialmente a quienes viven en barrios populares, donde suman millones aquellas de bajos y muy bajos ingresos, viviendo en muy malas condiciones en nuestro país.

Sin embargo, el análisis sigue siendo parcial, como lo muestra el tratamiento mediático que normalmente sostiene como respuestas la aplicación de políticas de intolerancia y corte represivo. Erróneamente se ha instalado la creencia de que la ciudad y la pobreza son la causa de la violencia, por su urbanización cada vez más caótica y agresiva, cuanto por el asentamiento en los lugares sin ciudad cuya consecuencia es la creciente degradación y hostilidad de la vida citadina.

El uso de la fuerza del Estado

Amnistía Internacional (AI) ha publicado y difundido su Informe sobre los acontecimientos ocurridos entre fines del 2022 e inicios del 2023, luego de haberlo hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). AI afirma, en un sentido similar a ésta, que “desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas”.

En esa situación, “miles de personas salieron a protestar a las calles” y como respuesta a las manifestaciones, en las que 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas, incluyendo a un policía, quien perdió la vida, las autoridades hicieron “uso de la fuerza letal y uso excesivo de fuerza menos letal”. En esas circunstancias, afirma, existen elementos como para sostener que se realizaron ejecuciones extrajudiciales por algunos efectivos de las fuerzas del orden.

Dengue, ni el sistema ni la población están preparados

Con 6 fallecidos y 2034 casos de esta enfermedad en la Selva Central, el dengue se ha convertido en una enfermedad silenciosa entre la población, sobre todo entre quienes habitan en un área geográfica con clima tropical. A nivel nacional, hasta la fecha hay 96 fallecidos y 87 290 casos. Tras la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del fin de la emergencia sanitaria global por el COVID-19, anunciado el pasado 5 de mayo, Perú enfrenta una nueva emergencia por la epidemia del dengue: la cantidad de casos ya ha superado las cifras registradas durante los años 2017 y 2022. El Ministerio de Salud (MINSA) ha considerado en estado de emergencia a la Región Junín en menos de dos meses, siendo la octava del país con mayor número de casos, lo que muestra la magnitud y rapidez de esta infección y evidencia que las medidas preventivas impuestas por el Gobierno no sirvieron. La ampliación de la emergencia sanitaria ( DS N° 002-2023-SA), que la extiende a partir del 25 de mayo por un periodo de 120 días más, demuestra la situación alarmante que estamos viviendo y las limitaciones de la respuesta pública.