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El período de Alberto Otárola como Presidente del Consejo de Ministros llegó a su fin y ha sido el mejor ejemplo de cómo nuestra sociedad ha normalizado, no sólo el abuso de poder, si no la arbitrariedad desfachatada, la cultura de impunidad y la incapacidad de las y los gobernantes para dar cuenta de sus actos.
La suspensión temporal del Corredor Morado del servicio de transporte público en Lima por unos días, ha prendido una luz de alarma que debiéramos atender.
Hubo distintos momentos de decisiones mal tomadas para los habitantes de Lima que ayudan a entender cómo se ha llegado a la situación actual de desorden y decreciente calidad de vida, causada por un pésimo servicio multimodal de transporte urbano, crecientemente informal e inseguro. Uno de ellos, sin duda fue cuando se decidió retirar las ferrovías en la ciudad y sus alrededores. Se levantaron decenas de kilómetros de rieles de tranvías y de ferrocarril que servían a la ciudad facilitando el transporte ordenado de carga y pasajeros desde Ancón hasta Lurín y desde el Callao y Magdalena hasta el Centro histórico y Chorrillos. Lo único que se mantuvo fue el ferrocarril central hacia la Sierra.
La caída del expremier Alberto Otárola y la arremetida final contra la Junta Nacional de Justicia son los nuevos capítulos de la renovada versión de una telenovela con la que Ejecutivo, Legislativo y los principales actores políticos devenidos en bufones que actúan paradójicamente en un drama, nos atormentan desde hace más de un año. El triste espectáculo que marca los estertores finales de nuestra siempre precaria democracia, se inició semanas atrás con la irrupción del presunto enfermo terminal Alberto Fujimori, explicitando su importante papel protagónico y el vínculo de conveniencia que liga a Fuerza Popular y la señora Boluarte. Los desmentidos de la hija, afectada una vez más en su ambición presidencial, fueron acompañados del oportuno “descubrimiento” de las condiciones de privilegio en las que se encontraría afrontando sus juicios la exalcaldesa de Lima.
Las fuertes precipitaciones en la región Junín están generando cuantiosas pérdidas económicas y sociales, es por ello que el 23 de febrero de 2024, INDECI/DIRES, emitió el Informe Situacional N°000007-2024, en el cual señala que, en base a la información emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se evidencia desbordes de ríos, derrumbes, huaicos, deslizamientos, entre otros, generando daños a la vida y la salud de la población, afectando directamente viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, agua potable, infraestructura pública (establecimientos de salud y de educación), e involucrando distritos de la región Junín y a nivel nacional, específicamente las provincias de Chanchamayo, Jauja, Satipo y Tarma; sin embargo, este problema alcanza a otras provincias como Huancayo, Chupaca y Concepción.
Los esfuerzos que hace la derecha peruana para que la escena sea dominada ampliamente por las declaraciones de Jaime Villanueva, son inocultables. Por supuesto, el objetivo no es, ni por asomo, arribar a la verdad, sino hacer todo el daño posible a los que considera sus enemigos, porque mientras se corrobore lo que declara, cuando las evidencias muestren finalmente el engaño, todos los impactos, desde sus expectativas, ya deberían ser irreversibles.
De esta manera, podemos entender cómo es que lo buscado no es revelar los tejidos cada vez más tupidos de la corrupción en el Perú, sino llevarle –¿a quién?– la cabeza de Gustavo Gorriti, diluir lo que queda de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), descomponer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, en suma, dar fin a todo aquello que desde su óptica suene, se vea o se escuche como “caviar”.
Comenzó la temporada de carnavales en Perú y con ella se dio paso a una serie de festividades acompañadas de coloridos pasacalles, picarescas coplas y largas jornadas de danzas, en honor, no sólo a la identidad y la cultura, sino también a la memoria. La fiesta de luces, agua, pintura, con alegorías y creativas dramatizaciones, caracteriza los carnavales del 2024 como un instrumento poderoso para expresar lo que sentimos y pensamos, desafiando los intentos por acallar y censurar nuestro derecho a la libre expresión y a ejercer nuestro sentido crítico.
No es una novedad que estas festividades estén cargadas de contenido político y crítico para llamar la atención sobre las problemáticas que atravesamos o para denunciar la indiferencia de las autoridades; tampoco causa extrañeza que, con ella, se enciendan las alarmas de conservadores y guardianes de “las buenas costumbres”.
La problemática de la inseguridad en el Perú, que antes se explicaba por la presencia de remanentes del terrorismo senderista y la expansión del narcotráfico, hoy encuentra sustento en el poliedro del crimen establecido y creciente que tiñe una parte considerable de la economía y la política del país.
No existe entre nosotros un plan que atienda las distintas caras del crimen, de acuerdo a su presencia asociada a actividades económicas en cada territorio: la minería y tala ilegal depredadoras principalmente en la Amazonía, el tráfico de cocaína, de látex de amapola para producir opio y heroína, entre las más destacadas. La violencia entrelazada a estas economías se ha transformado en el vivir y padecer en nuestras ciudades, así como en territorios rurales específicos.
En diciembre de 2017, atendiendo a la petición de Bolivia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó declarar el 2024 “Año Internacional de los Camélidos”, estableciéndose un Comité Directivo con una copresidencia integrada por Bolivia y Arabia Saudita para la dirección de esta celebración. Esta declaración tiene el propósito de destacar la importancia económica, social, alimentaria y cultural para los pueblos donde habitan los camélidos y también promover mayores inversiones, estudios e investigaciones en su campo.
Los orígenes de los camélidos se han establecido en el continente americano hace 40 millones de años de donde evolucionaron las siete especies que conocemos en la actualidad. Los camellos bactrianos, camellos bactrianos salvajes y los dromedarios que se encuentran en las zonas desérticas de Asia y África, y los camélidos sudamericanos con las especies silvestres, vicuña y guanaco y las domésticas, llama y alpaca.
La imagen de la señora Boluarte, confrontada y zarandeada por dos mujeres en su provocadora visita a Ayacucho, ha dado la vuelta al mundo. Ruth Bárcena, viuda de uno de los diez asesinados en Ayacucho, la encaró; Ilaria Ayme, madre de un menor de quince años, igualmente asesinado, le jaló los pelos. Provocadora, decimos, porque creer que luego de los muertos y heridos en distintas regiones del país durante las protestas y movilizaciones de hace un año, puede pasearse tranquilamente en ellas, evidencia que la mandataria carece del mínimo sentido común. Máxime cuando se trata del personaje que avaló y elogió la acción de quienes realizaron los operativos, “terruqueó” directamente a víctimas y familiares, y presionada por distintos organismos internacionales y la prensa, sostuvo que carecía de mando sobre los militares y sus acciones.
Resulta fácil el ejercicio de balance y crítica sobre lo que ha sido el primer año de gestión municipal del alcalde Rafael López Aliaga si este recuento se limita a revisar las promesas electorales incumplidas. Son muchas. Desde la construcción de tanques de agua para los asentamientos humanos ubicados en las partes más altas de los cerros que bordean la capital peruana, hasta la compra de diez mil motocicletas para el patrullaje contra la delincuencia callejera. En la lista hay que incluir la eliminación de peajes, la construcción de un teleférico en Lima Norte, la instalación de doce mil cámaras de videovigilancia, la eliminación de la contratación de consultorías en el municipio y varias otras más.
Por ello, no es aconsejable, con perspectiva de futuro, solazarse con el decepcionante desempeño que significa para quienes votaron por el alcalde López Aliaga, líder del ultraderechista Partido Renovación Nacional; alguien con obras para el olvido.
Mostrar lo malo que será probablemente el comportamiento económico en el 2024, esconde lo peor que contienen esas cifras y, más aún, que algunas expectativas como el posible aumento de las plazas laborales, que simplemente no pasan del buen deseo y la fe en el destino.
A mediados de diciembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entregó su último informe anual 2023, en el que señala que la región mantendrá su bajo crecimiento, la desaceleración en la creación de empleo, la persistencia de la informalidad y de las brechas de género, entre otros efectos.
Según el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, en promedio América Latina y El Caribe creció 2,2% en 2023 y estima un 1,9% en 2024, aunque el desagregado subregional muestra comportamientos diferenciados.
El ordenamiento territorial y la gestión de riesgos se expresan de modo complejo sobre los territorios y debieran ser parte principal de nuestras preocupaciones. De lo contrario la posibilidad de sufrir dolorosos desastres es muy alta.
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