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La problemática de la inseguridad en el Perú, que antes se explicaba por la presencia de remanentes del terrorismo senderista y la expansión del narcotráfico, hoy encuentra sustento en el poliedro del crimen establecido y creciente que tiñe una parte considerable de la economía y la política del país.
No existe entre nosotros un plan que atienda las distintas caras del crimen, de acuerdo a su presencia asociada a actividades económicas en cada territorio: la minería y tala ilegal depredadoras principalmente en la Amazonía, el tráfico de cocaína, de látex de amapola para producir opio y heroína, entre las más destacadas. La violencia entrelazada a estas economías se ha transformado en el vivir y padecer en nuestras ciudades, así como en territorios rurales específicos.
En diciembre de 2017, atendiendo a la petición de Bolivia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó declarar el 2024 “Año Internacional de los Camélidos”, estableciéndose un Comité Directivo con una copresidencia integrada por Bolivia y Arabia Saudita para la dirección de esta celebración. Esta declaración tiene el propósito de destacar la importancia económica, social, alimentaria y cultural para los pueblos donde habitan los camélidos y también promover mayores inversiones, estudios e investigaciones en su campo.
Los orígenes de los camélidos se han establecido en el continente americano hace 40 millones de años de donde evolucionaron las siete especies que conocemos en la actualidad. Los camellos bactrianos, camellos bactrianos salvajes y los dromedarios que se encuentran en las zonas desérticas de Asia y África, y los camélidos sudamericanos con las especies silvestres, vicuña y guanaco y las domésticas, llama y alpaca.
La imagen de la señora Boluarte, confrontada y zarandeada por dos mujeres en su provocadora visita a Ayacucho, ha dado la vuelta al mundo. Ruth Bárcena, viuda de uno de los diez asesinados en Ayacucho, la encaró; Ilaria Ayme, madre de un menor de quince años, igualmente asesinado, le jaló los pelos. Provocadora, decimos, porque creer que luego de los muertos y heridos en distintas regiones del país durante las protestas y movilizaciones de hace un año, puede pasearse tranquilamente en ellas, evidencia que la mandataria carece del mínimo sentido común. Máxime cuando se trata del personaje que avaló y elogió la acción de quienes realizaron los operativos, “terruqueó” directamente a víctimas y familiares, y presionada por distintos organismos internacionales y la prensa, sostuvo que carecía de mando sobre los militares y sus acciones.
Resulta fácil el ejercicio de balance y crítica sobre lo que ha sido el primer año de gestión municipal del alcalde Rafael López Aliaga si este recuento se limita a revisar las promesas electorales incumplidas. Son muchas. Desde la construcción de tanques de agua para los asentamientos humanos ubicados en las partes más altas de los cerros que bordean la capital peruana, hasta la compra de diez mil motocicletas para el patrullaje contra la delincuencia callejera. En la lista hay que incluir la eliminación de peajes, la construcción de un teleférico en Lima Norte, la instalación de doce mil cámaras de videovigilancia, la eliminación de la contratación de consultorías en el municipio y varias otras más.
Por ello, no es aconsejable, con perspectiva de futuro, solazarse con el decepcionante desempeño que significa para quienes votaron por el alcalde López Aliaga, líder del ultraderechista Partido Renovación Nacional; alguien con obras para el olvido.
Mostrar lo malo que será probablemente el comportamiento económico en el 2024, esconde lo peor que contienen esas cifras y, más aún, que algunas expectativas como el posible aumento de las plazas laborales, que simplemente no pasan del buen deseo y la fe en el destino.
A mediados de diciembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entregó su último informe anual 2023, en el que señala que la región mantendrá su bajo crecimiento, la desaceleración en la creación de empleo, la persistencia de la informalidad y de las brechas de género, entre otros efectos.
Según el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, en promedio América Latina y El Caribe creció 2,2% en 2023 y estima un 1,9% en 2024, aunque el desagregado subregional muestra comportamientos diferenciados.
El ordenamiento territorial y la gestión de riesgos se expresan de modo complejo sobre los territorios y debieran ser parte principal de nuestras preocupaciones. De lo contrario la posibilidad de sufrir dolorosos desastres es muy alta.
Los últimos días la política del país ha estado centrada en el Congreso de la República. Caída en desgracia Patricia Benavides, suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el Ministerio Público en recomposición de sus fuerzas, se sintieron pasos en la avenida Abancay. A fin de cuentas, muchos de sus integrantes, dada la cantidad de carpetas fiscales que existen sobre sus miembros, se sintieron en capilla. De allí que decidieran aceleradamente, violando todas las formas, pero también el más elemental sentido común, aprobar la moción que impulsó la bancada de Renovación Popular para remover “de manera inmediata” a los siete integrantes de la JNJ por una “flagrante comisión de actos contrarios a la ley”, llevando a la Junta de Portavoces a citarlos para el 15 de diciembre, con el fin evidente de ajusticiarlos y volver las cosas al orden, que estaban seguros, era imbatible.
El 7 de diciembre se cumplió un año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que lo llevó a la cárcel. La torpeza de su sucesora, Dina Boluarte, de juramentar hasta el 2026 cuando se requería un adelanto de elecciones, así como su evidente acuerdo con los sectores más duros del Congreso que le suspendieron una investigación en curso, levantó a la población en distintos lugares del país durante las sucesivas semanas, con un balance doloroso de muertos y heridos en Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa, La Libertad y Ayacucho, que aún no encuentran justicia.
A sabiendas de la cercanía de este triste aniversario, donde se quebró el orden institucional, el Ejecutivo publicó un decreto legislativo para cambiar el Código Penal, buscando profundizar y ampliar la criminalización de la protesta.
Muy cercanos a la fecha del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y de las protestas que se prolongaron hasta marzo, resulta todavía difícil tomar distancia de estos sucesos, que aún nos conmocionan.
El nuevo gobierno, instalado hace apenas un año, producto de un pacto entre los restos que dejó Castillo en el Poder Ejecutivo (la sucesión presidencial de Dina Boluarte) y el bloque que conformaba el control del poder en el Legislativo, está siendo profundamente afectado por la crisis terminal que enfrenta la Fiscal de la Nación, la abogada Patricia Benavides, al salir a la luz contundente información sobre su presunto proceder criminal, aprovechando su cargo para favorecer a mafias a cambio de su permanencia en el poder…con el que ahora ha roto parcialmente, al enfrentarse al Poder Ejecutivo, parodiando a un Sansón que destroza las columnas y muere con todos los ocupantes ilegítimos del templo.
A semejanza de lo evidenciado en otros ámbitos, las condiciones favorables para que el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas de nuestro país sea efectivamente garantizado, no van a producirse desarrollando solamente una buena legislación al respecto. Es ampliamente reconocido que, en las últimas décadas, la igualdad de género en el Perú ha avanzado en varias dimensiones como, por ejemplo, la educación en todos sus niveles y su mayor inclusión en el mercado laboral: cerca de seis de cada diez mujeres tienen un empleo, una cifra superior a la media latinoamericana.
Aun así, hay grandes desafíos por superar. Como en todos los países, hombres y mujeres no comparten por igual las actividades laborales remuneradas y no remuneradas.
La recesión tomó forma de manera oficial y se convierte en el principal dato económico del año. Aun cuando se acepte lo que parece haber sido obvio, al menos desde mediados de año, no deja de ser un asunto desconcertante.
Para empezar, apenas un año atrás no era algo que estuviera en los cálculos de nadie que formara parte de los oráculos económicos. Hacia 2022, se señalaba que Perú constituía un caso especial, ya que pese a los constantes cambios políticos y tensiones sin resolver entre el Ejecutivo y el Legislativo, era visto como un ejemplo de éxito y estabilidad, en medio de la incertidumbre que empezaba a cernirse sobre las economías latinoamericanas.
En el Perú se han promulgado diversas políticas públicas en relación a los niños, niñas y adolescentes que, lamentablemente, no se han cumplido adecuadamente para garantizar sus derechos. A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos significativos en áreas clave como la educación, la salud y la protección de la infancia.
Desde que la Convención sobre los Derechos del Niño fuera aprobada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada por 192 países, entre ellos el Perú, la situación de los niños, niñas y adolescentes no ha mejorado significativamente. En sus 34 años de vigencia, la Convención no ha supuesto mejoras significativas en las brechas de desigualdad, pobreza y pobreza extrema. En cuanto a la educación, se han registrado altos índices de deserción escolar y falta de acceso a una educación de calidad en muchas zonas rurales y marginales del país. Además, la falta de inversión en infraestructura educativa y la escasez de docentes capacitados han limitado las oportunidades de aprendizaje de miles de niñas, niños y adolescentes.
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