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Luego de más de diez semanas de explosión social y convulsión –es decir de múltiples movilizaciones, porque no es una sola–, los números que dan cuenta de ella son escalofriantes y de escándalo. 48 civiles y un policía muerto en las protestas, 11 civiles más que perdieron la vida en hechos vinculados al bloqueo de carreteras, más de 1300 civiles y 580 policías heridos son algunas de las cifras que dan cuenta del terror, la violencia y el autoritarismo que el gobierno de Dina Boluarte viene impulsando como única respuesta a los profundos malestares que movilizan las protestas que se han estado sucediendo desde el 7 de diciembre pasado. Aunque éstas nuevamente han disminuido como parte de los flujos y reflujos que las caracterizaron desde un primer momento, están lejos de agotarse.
El descontento en el sur no se ha apaciguado. Las protestas mantienen la intensidad registrada en sus inicios, y en algunos lugares, como Puno, han recrudecido. La juramentación de Dina Boluarte a la presidencia del país en diciembre de 2022, “hasta el año 2026”, sin sonrojarse, fue el detonante de un volcán que está hace mucho en actividad en esta parte del país, formado por un cúmulo de demandas no resueltas por el gobierno nacional, como las eternas mesas de diálogo que no solucionan los problemas socioambientales, la burla de la masificación del gas con el sistema de gas virtual, la irresuelta desnutrición infantil, la falta de servicios básicos, y un largo etc., combinada con la reivindicación que hacen sus habitantes de su ciudadanía, es decir la exigencia de su inclusión en la política.
En nuestra sociedad, las mayorías viven constantemente en incertidumbre. Esta nos genera inquietud, inseguridad, estrés, e incluso miedo por posibles escenarios aún más negativos que el actual, en el que el trabajo, la educación y la salud pueden faltar sin que exista una red de protección suficientemente fuerte y sustentada en la democracia. Vivimos incertidumbre para las personas, a cambio de aportar certidumbre a los mercados.
En el Perú esto se expresa de manera compleja y crecientemente violenta. Hoy vemos cómo la incertidumbre política afecta a la vida y organización del país más allá de las calificadoras de riesgo, el tipo de cambio, la inversión extranjera o el crédito internacional. En la actual incertidumbre lo que está en primer plano no es la economía sino las demandas políticas, las inseguridades sociales y el miedo al futuro.
Se ha cumplido un mes de la nueva gestión metropolitana en medio de un clima altamente polarizado, con movilizaciones ciudadanas diarias y con una Lima que de la noche a la mañana ha pasado a albergar delegaciones provenientes de varias regiones del país, que buscan hacer valer sus demandas desde la capital, considerada como el centro del poder político y económico. Frente a este contexto, ¿cuál es la agenda que el nuevo alcalde de Lima Metropolitana ha priorizado?
Quedaron atrás sus promesas por convertir a Lima en «potencia mundial», por lo menos fueron postergadas hasta un futuro muy lejano; a cambio ha decidido priorizar voces como la del premier Otárola, para hacer de la ciudad un fortín de contención política, ante la «asonada» que advertían algunos opinólogos y políticos, en un acto groseramente racista. En esa dirección puso en marcha toda una logística para cercar espacios públicos que eran lugares de encuentro y podían volverse en sitios de resistencia simbólica –cultural y política– de las manifestaciones.
Parafraseando las primeras líneas de Ana Karenina, todas las democracias en problemas se parecen unas a otras, pero cada democracia que funciona tiene un motivo particular para hacerlo. En efecto, estas semanas dramáticas no pueden llevarnos a eludir la constatación de que lo experimentado nos acerca a los malestares democráticos que se despliegan por el mundo más allá de especiales particularidades.
En nuestro caso, apropiándonos de la mirada que propone Fernando Coronil para Venezuela, pero que puede extenderse perfectamente a casi todos los países, la democracia empezó a trabarse hasta imposibilitarse en la medida en que el Estado perdió su magia, algo que, desde la derecha y la izquierda, trataron infructuosamente de reconstituir. La última edición de este libreto fue Pedro Castillo, que buscó gobernar con la consigna «no más pobres en un país rico».
El rechazo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, se inició con su imprudente anuncio de un mandato hasta el 2026 olvidando que encabezaba un gobierno de transición; continuó obviando el rechazo generalizado que genera el Congreso, así como con la designación de un gabinete tecnocrático, encabezado por un Primer Ministro timorato e indolente que ignorando los distintos malestares y demandas de la sociedad que la situación avivaba, alimentó la explosión social que se inició poco después. El costo hasta hoy, no obstante su compromiso de no más muertes, es de más de cincuenta fallecidos, centenares de heridos y una represión bárbara e indiscriminada como parte de una entente que integran el Congreso, la mandataria y su Ejecutivo, y las FF. AA. y policiales.
43 muertos y más de 600 heridos son hasta hoy el dramático resultado de una explosión social que se inició con distintas movilizaciones en el territorio nacional, detonada por el pobre intento de golpe de Estado del desesperado Pedro Castillo, triste imitación del que diera Alberto Fujimori, treinta años atrás, mostrando el total deterioro de la democracia y el vaciamiento de su contenido, así como su subordinación al patrimonialismo y el clientelismo de nuestra política, a los que no fue ajeno el exmandatario. Las desigualdades y exclusiones y la ampliación de la corrupción, de data tan larga como nuestra historia republicana, acabaron por desnudar el régimen político, multiplicando los grandes malestares de nuestra sociedad.
¿Qué se llevó por delante a nuestra muy precaria democracia? A estas alturas, todos y todas las peruanas debemos estar notificados y convencidos de que la democracia no conlleva felicidad ni mejoría para nadie, por decir lo menos. No es su objetivo. En todo caso, lo que venimos registrando en las encuestas es que ésta no las produce: la preferimos porque no hay nada mejor, pero estamos por demás insatisfechos con ella.
La democracia es importante por otros aspectos. Entre ellos, su valor está dado por el control que permite para evitar que cualquier grupo se arrogue el poder de decisión sobre algo que concierne a todos.
La sequía está afectando severamente a productoras y productores agrarios y pecuarios del sur, y el gobierno ha reaccionado, como suele pasar con el sur, demasiado tarde. El último fin de semana recién se publicó un decreto supremo que declara el estado de emergencia por peligro inminente ante déficit hídrico en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Arequipa y Puno, sin incorporar a los distritos de las zonas altas de las provincias de Arequipa y Caylloma, a pesar de los problemas que ya comenzaron a presentarse desde finales de octubre.
La afectación de la sequía es especialmente dramática en el sector alpaquero, pues diversos sucesos que relataremos a continuación tendrán como resultado la descapitalización de productoras y productores.
En Perú el escenario de contienda de poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, parece llevar a un encontronazo final, en un combate en el que solo cabría vencer o morir en el intento. En torno a él, los analistas de todo tipo, gusto y condición se explayan explicando si tal o cual medida es democrática o no, si es viable, legal o inconstitucional, si cuenta con el respaldo de la ciudadanía o de los medios. Así, se abre un abanico enorme, que no es para refrescar un verano caliente que ya se aproxima.
En simultáneo, el cansancio y un hartazgo enorme envuelven a la ciudadanía. Si el Congreso inhabilitara al presidente Castillo, casi el 90% de los entrevistados en todo el país considera que entonces se convoque a elecciones generales.
La situación de violencia por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro país es preocupante. La pandemia ha impactado negativamente sobre esta realidad, agravando los índices de violencia antes registrados.
Evidenciando el desinterés que comparten por la opinión pública, más profundamente aún, por la gente y sus necesidades, por el país y la profundidad de la crisis que estamos viviendo, el Ejecutivo y el Congreso de la República continúan en el ruidoso enfrentamiento que mantienen desde el día uno de su instalación, si no antes, desde el momento mismo de los resultados de la segunda vuelta, donde unos se refugiaron en la denuncia de un supuesto fraude y los otros iniciaban sus primeros cuoteos e inauguraban la casa de Sarratea.
Aparentemente satisfechos ambos con sus respectivas perfomances de las últimas semanas, el gobierno y su oposición más dura y achorada, afilan cuchillos esperando la inminente visita de la delegación de la OEA. La encuesta nacional urbano-rural de IPSOS, difundida días atrás, muestra que la aprobación de los principales actores de nuestra difícil situación se mantiene básicamente estancada; el mandatario sube un punto a 27%, mientras el Congreso lo hace 2, a 18%.
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