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La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) no presenta mayores sorpresas. La aprobación de la mandataria sigue cuesta abajo en la rodada (12%) y registra su porcentaje más bajo desde la instalación de su gobierno en diciembre del año pasado (19%). Su gestión es la peor evaluada desde que se empezaron a medir estas percepciones, y a seis meses de iniciada, el 30.5% de los encuestados califican su gobierno como muy malo. Tan malo, que el 51% considera que es peor que el de Pedro Castillo, porcentaje que asciende a 59% si no consideramos Lima Metropolitana. Es cierto que como inútil consuelo, la señora Boluarte tiene al lado la desaprobación de sus socios del Congreso que asciende a un 91%, incluyendo a la capital, donde alcanza 90%.
Que su gestión es desastrosa, no caben dudas. Sorprende, sin embargo, la narrativa triunfalista de un gobierno que parece creer que reprimiendo los descontentos de la población, buscando el apoyo de las multilaterales y anunciando el reparto alegre del presupuesto.
Hace una semana, varias organizaciones de mujeres puneñas participaron de un encuentro para revisar y actualizar la Agenda Regional de Mujeres Aimaras, Quechuas y Uros de la Región Puno, para que sea difundida y tomada en cuenta por las nuevas autoridades, quienes asumieron ese compromiso durante la gestión anterior, mediante la Resolución Ejecutiva Regional que la oficializó, pero que no logró concretarse.
Uno de los temas relevantes en la agenda es el agua, ya que son ellas las que conocen de cerca los efectos del cambio climático en sus comunidades, como la escasez de agua para la producción agropecuaria. Para paliar este problema proponen la ejecución de proyectos de siembra y cosecha de agua con tecnología ancestral, y la implementación de Ordenanzas Regionales vinculadas al tema como la que ordena la elaboración de un Plan Regional de Agricultura Familiar.
Si la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de ministros Alberto Otárola están sólo en capacidad de ofrecer al país su autoritarismo negacionista, deberían renunciar. No lo van a hacer. La deshonestidad pública del gobierno no concierne únicamente a su afán por negar las masacres perpetradas durante las protestas de diciembre a febrero, sino ahora, más recientemente, por desconocer su muy mala imagen internacional derivada de las masacres y de la mediocridad de gestión.
En las actuales décadas el delito, la acción criminal y otras formas de violencia interpersonal, han alcanzado una dimensión inédita de violencia urbana. Esto ha afectado las conductas de la población, su vida cotidiana, su sentido de comunidad real e imaginario y, por lo tanto, han alterado las formas de pensar y hacer la ciudad. Provoca un enorme sufrimiento a cientos de millares de personas, especialmente a quienes viven en barrios populares, donde suman millones aquellas de bajos y muy bajos ingresos, viviendo en muy malas condiciones en nuestro país.
Sin embargo, el análisis sigue siendo parcial, como lo muestra el tratamiento mediático que normalmente sostiene como respuestas la aplicación de políticas de intolerancia y corte represivo. Erróneamente se ha instalado la creencia de que la ciudad y la pobreza son la causa de la violencia, por su urbanización cada vez más caótica y agresiva, cuanto por el asentamiento en los lugares sin ciudad cuya consecuencia es la creciente degradación y hostilidad de la vida citadina.
Amnistía Internacional (AI) ha publicado y difundido su Informe sobre los acontecimientos ocurridos entre fines del 2022 e inicios del 2023, luego de haberlo hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). AI afirma, en un sentido similar a ésta, que “desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas”.
En esa situación, “miles de personas salieron a protestar a las calles” y como respuesta a las manifestaciones, en las que 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas, incluyendo a un policía, quien perdió la vida, las autoridades hicieron “uso de la fuerza letal y uso excesivo de fuerza menos letal”. En esas circunstancias, afirma, existen elementos como para sostener que se realizaron ejecuciones extrajudiciales por algunos efectivos de las fuerzas del orden.
Con 6 fallecidos y 2034 casos de esta enfermedad en la Selva Central, el dengue se ha convertido en una enfermedad silenciosa entre la población, sobre todo entre quienes habitan en un área geográfica con clima tropical. A nivel nacional, hasta la fecha hay 96 fallecidos y 87 290 casos. Tras la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del fin de la emergencia sanitaria global por el COVID-19, anunciado el pasado 5 de mayo, Perú enfrenta una nueva emergencia por la epidemia del dengue: la cantidad de casos ya ha superado las cifras registradas durante los años 2017 y 2022. El Ministerio de Salud (MINSA) ha considerado en estado de emergencia a la Región Junín en menos de dos meses, siendo la octava del país con mayor número de casos, lo que muestra la magnitud y rapidez de esta infección y evidencia que las medidas preventivas impuestas por el Gobierno no sirvieron. La ampliación de la emergencia sanitaria ( DS N° 002-2023-SA), que la extiende a partir del 25 de mayo por un periodo de 120 días más, demuestra la situación alarmante que estamos viviendo y las limitaciones de la respuesta pública.
Las derechas peruanas de hoy, entendiendo por ellas a las agrupaciones que consideran la desigualdad como una cuestión natural, se diferencian de otras de la región por la estabilidad que lograron en el orden neoliberal que construyeron los últimos treinta y cinco años, así como por su creciente hegemonía política e ideológica. Carlos Alberto Adrianzén, sostuvo certeramente cómo la cohesión lograda por las élites empresariales desde los años 80 cuando fundaron la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), así como la renovación ideológica neoliberal promovida entre otros por Hernando de Soto, explican la estabilidad lograda que se vio posteriormente alimentada por el crecimiento económico y la expansión de la economía extractiva. El sorpresivo triunfo de Fujimori en los 90 fue absorbido por quienes apoyaron a Vargas Llosa, y su gobierno y su pronto autoritarismo, autogolpe mediante, tuvo como soporte una coalición integrada por las FF.AA., las élites empresariales, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y los organismos multilaterales.
El informe de la Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido un parteaguas para el régimen de Dina Boluarte. Tras su presentación, la mandataria se ha visto obligada a dejar caer su máscara, insinuando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como eventuales responsables de la violación de los derechos humanos durante la represión en las protestas, buscando así, una vez más, salvar su responsabilidad argumentando patéticamente: “Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”
Aunque el Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional interpuesta por la representante Ruth Luque contra la señora Boluarte y varios de sus ministros por todas las muertes durante las protestas, su suerte parece estar echada, a pesar del blindaje de una mayoría que continúa aferrada a sus curules, como ella a Palacio.
El desventurado incidente migratorio entre nuestro país y Chile deja una vez más en deplorable pie a la Cancillería peruana y de paso evidencia el pésimo manejo de la gobernabilidad nacional por parte del Gobierno Boluarte-Otárola.
Centenares de personas, en ruta desde Chile, continúan varadas durante semanas en la frontera sin una salida humanitaria e inteligente ante el impedimento de entrada a nuestro país de migrantes de diversas nacionalidades. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado que ésta es una política para proteger al Perú contra la ola de violencia que se vive. Las medidas adoptadas son, si no vergonzosas, incoherentes.
La población de Lima Metropolitana que bordea los 11 millones de habitantes, es un tercio de la población de todo el Perú. Pese a ser la capital del país, las y los ciudadanos no ejercen sus derechos; ni el gobierno nacional –con sus Ministerios–, ni el gobierno metropolitano y las gestiones distritales pueden solucionar los problemas que aquejan a la población que vive en esta ciudad.
Sus problemas son conocidos y los vemos y sentimos cada día. Enfrentamos la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres y la infancia, la contaminación ambiental, el constante peligro de desastres resultado de fenómenos naturales, el caos vehicular, la malnutrición, la incidencia de casos de tuberculosis, el desempleo, la informalidad, la pobreza, la desigualdad extrema y un largo etcétera más. La ineficiencia de las autoridades y los casos de corrupción han contribuido a que esta problemática se mantenga y en muchos casos se incremente.
Dice Judith Butler que la desposesión es lo que sucede cuando las poblaciones pierden su tierra, su ciudadanía, sus medios de supervivencia y se transforman en sujetos de la violencia militar y legal. Por ello, afirma, “nos oponemos a esta forma de desposesión porque es tanto forzosa como privativa”. Puntualiza entonces, “incluso cuando tenemos derechos, somos dependientes de un modo de gobierno y de un régimen legal que confiere y les da sustento a esos derechos”.
Resumiendo, el asunto no radica en declarar los derechos sino en evaluar a los gobernantes a partir de cómo percibimos el ejercicio de estos derechos declarados. Esta es una afirmación oportuna y necesaria para el debate, en momentos en que desde algunos círculos que están a favor de la vigencia a rajatabla del actual modelo económico, se preconiza que salvo el crecimiento todo es ilusión.
La importancia de nuestros recursos amazónicos está fuera de discusión. Es tarea de los distintos organismos estatales con funciones en la materia, asegurar el cumplimiento de políticas y medidas para garantizar su conservación y uso sostenible. La exagerada insistencia de parte de distintos congresistas por aprobar una norma que a todas luces es lesiva para nuestro patrimonio forestal, resulta, en consecuencia, llamativa. Peor aún por los argumentos pueriles exhibidos con los que se pretende cambiar varios artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763): “no debemos permitir que los agricultores pierdan parte de sus cultivos, cuando luego de algunos estudios los declaran parte de una zona forestal” o “de esta forma, se evita su criminalización y se promueve su desarrollo”. La Autógrafa comprende los proyectos de ley 649, 894 y 2315.
El 23 de marzo pasado, el pleno del congreso discutió el referido proyecto de ley. Aunque la iniciativa, impulsada por grupos en teoría tan disímiles como Fuerza Popular y Perú Libre, fue rechazada, inmediatamente sus promotores pidieron la reconsideración de la votación.
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