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Las primeras planas de los periódicos y la cobertura diaria de la radio y la televisión fueron ocupadas las últimas semanas por los desastres y la emergencia asociada al ciclón Yaku. La presidenta y su primer ministro creyeron descubrir una oportunidad para “pasar la página” de los muertos, heridos, detenidos y perseguidos de las protestas y las demandas que se iniciaran hace ya más de 4 meses.
Han transcurrido casi cuatro meses desde el naufragio del proyecto castillista y la instauración del gobierno de Dina Boluarte, auspiciado por una interesada alianza de congresistas ultraconservadores, las Fuerzas Armadas y retazos de Perú Libre, como el bloque magisterial o Perú Democrático, así como otros parlamentarios defensores de los privilegios congresales a cualquier costo. Han corrido también casi tres meses desde los 19 muertos en Juliaca, como parte de una brutal represión desatada con el propósito de sostener un gobierno y un régimen profundamente rechazados por la mayoría nacional. A la fecha, suman 62 las víctimas de la represión indiscriminada, 49 asesinados o víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que son motivo de condena internacional, a pesar de que no hay responsables políticos y que las investigaciones fiscales para el establecimiento de las responsabilidades penales son lentas, pese a la abundante evidencia.
Los contextos y coyunturas influyen si se leen como información y datos sociales en una dinámica de clases, no sólo de consumidores o de habitantes de territorios urbanos, rurales o casi despoblados del país. En nuestra sociedad se asoma una recomposición de clases en curso a la que debemos prestar mucha atención.
El derecho a la ciudad es en gran medida el derecho a la vivienda y al espacio público. La Ley N° 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, promulgada en años recientes, acaba de entrar en plena vigencia al ser aprobado su reglamento mediante Decreto Supremo del 2 de marzo (Nº 001-2023-vivienda). Éste permite que sea una norma aplicable en todo el país que debemos cuidar y asegurar que se cumpla en nuestras ciudades de la Costa, la Sierra y la Amazonía.
La Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, inspirándose en criterios ecológicos, urbanísticos y monumentales, busca establecer las condiciones para la adecuada gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos en nuestras ciudades y sus entornos. Con el reglamento aprobado contamos con una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida de las personas, el ambiente de las ciudades y de los centros poblados de nuestro país.
Tiempo de paradojas, como en los años 80. Ahora, como entonces, la defensa de la legalidad quiere justificarse con el uso desproporcionado, indiscriminado, ilegal e ilegítimo de la fuerza estatal. Así ha quedado claro, con las respectivas evidencias, que en los operativos organizados para contener las movilizaciones sociales hubo dos situaciones: una, el grueso del contingente policial enfrentando directamente a la población, provocando, es cierto, un gran daño; dos, la presencia de francotiradores que han asesinado con disparos certeros y a distancia a personas que, obviamente, no estuvieron en el centro de las manifestaciones. Resta saber con precisión quiénes son, y, sobre todo, cuáles eran las motivaciones de sus acciones.
Estamos frente a situaciones en donde al menos un grupo o un sector de actores estaría esforzándose para no dejar siquiera ruinas del estado de derecho. Si bien en sí mismo, esto ya es más que preocupante –intolerable– para los que aún creemos que la democracia es la mejor manera de organizarnos políticamente y, por lo tanto, no debiéramos destruirla, sino al contrario, fortalecerla.
En la pradera altoandina de Huancavelica, sobre los 3800 msnm, la crianza de alpacas es la principal actividad económica de las familias de este territorio.
El Midagri señala que el sector alpaquero –como toda la ganadería de la sierra– ha atravesado por serias crisis; durante la década de los años 70, por efecto de la ley de Reforma Agraria; en la década de los años 80 por los impactos ocasionados por la violencia social, producto del terrorismo; y en las siguientes, por efectos del cambio climático, donde la persistencia de sequías prolongadas y heladas severas, ha llevado a la descapitalización de este sector productivo.
Luego de más de diez semanas de explosión social y convulsión –es decir de múltiples movilizaciones, porque no es una sola–, los números que dan cuenta de ella son escalofriantes y de escándalo. 48 civiles y un policía muerto en las protestas, 11 civiles más que perdieron la vida en hechos vinculados al bloqueo de carreteras, más de 1300 civiles y 580 policías heridos son algunas de las cifras que dan cuenta del terror, la violencia y el autoritarismo que el gobierno de Dina Boluarte viene impulsando como única respuesta a los profundos malestares que movilizan las protestas que se han estado sucediendo desde el 7 de diciembre pasado. Aunque éstas nuevamente han disminuido como parte de los flujos y reflujos que las caracterizaron desde un primer momento, están lejos de agotarse.
El descontento en el sur no se ha apaciguado. Las protestas mantienen la intensidad registrada en sus inicios, y en algunos lugares, como Puno, han recrudecido. La juramentación de Dina Boluarte a la presidencia del país en diciembre de 2022, “hasta el año 2026”, sin sonrojarse, fue el detonante de un volcán que está hace mucho en actividad en esta parte del país, formado por un cúmulo de demandas no resueltas por el gobierno nacional, como las eternas mesas de diálogo que no solucionan los problemas socioambientales, la burla de la masificación del gas con el sistema de gas virtual, la irresuelta desnutrición infantil, la falta de servicios básicos, y un largo etc., combinada con la reivindicación que hacen sus habitantes de su ciudadanía, es decir la exigencia de su inclusión en la política.
En nuestra sociedad, las mayorías viven constantemente en incertidumbre. Esta nos genera inquietud, inseguridad, estrés, e incluso miedo por posibles escenarios aún más negativos que el actual, en el que el trabajo, la educación y la salud pueden faltar sin que exista una red de protección suficientemente fuerte y sustentada en la democracia. Vivimos incertidumbre para las personas, a cambio de aportar certidumbre a los mercados.
En el Perú esto se expresa de manera compleja y crecientemente violenta. Hoy vemos cómo la incertidumbre política afecta a la vida y organización del país más allá de las calificadoras de riesgo, el tipo de cambio, la inversión extranjera o el crédito internacional. En la actual incertidumbre lo que está en primer plano no es la economía sino las demandas políticas, las inseguridades sociales y el miedo al futuro.
Se ha cumplido un mes de la nueva gestión metropolitana en medio de un clima altamente polarizado, con movilizaciones ciudadanas diarias y con una Lima que de la noche a la mañana ha pasado a albergar delegaciones provenientes de varias regiones del país, que buscan hacer valer sus demandas desde la capital, considerada como el centro del poder político y económico. Frente a este contexto, ¿cuál es la agenda que el nuevo alcalde de Lima Metropolitana ha priorizado?
Quedaron atrás sus promesas por convertir a Lima en «potencia mundial», por lo menos fueron postergadas hasta un futuro muy lejano; a cambio ha decidido priorizar voces como la del premier Otárola, para hacer de la ciudad un fortín de contención política, ante la «asonada» que advertían algunos opinólogos y políticos, en un acto groseramente racista. En esa dirección puso en marcha toda una logística para cercar espacios públicos que eran lugares de encuentro y podían volverse en sitios de resistencia simbólica –cultural y política– de las manifestaciones.
Parafraseando las primeras líneas de Ana Karenina, todas las democracias en problemas se parecen unas a otras, pero cada democracia que funciona tiene un motivo particular para hacerlo. En efecto, estas semanas dramáticas no pueden llevarnos a eludir la constatación de que lo experimentado nos acerca a los malestares democráticos que se despliegan por el mundo más allá de especiales particularidades.
En nuestro caso, apropiándonos de la mirada que propone Fernando Coronil para Venezuela, pero que puede extenderse perfectamente a casi todos los países, la democracia empezó a trabarse hasta imposibilitarse en la medida en que el Estado perdió su magia, algo que, desde la derecha y la izquierda, trataron infructuosamente de reconstituir. La última edición de este libreto fue Pedro Castillo, que buscó gobernar con la consigna «no más pobres en un país rico».
El rechazo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, se inició con su imprudente anuncio de un mandato hasta el 2026 olvidando que encabezaba un gobierno de transición; continuó obviando el rechazo generalizado que genera el Congreso, así como con la designación de un gabinete tecnocrático, encabezado por un Primer Ministro timorato e indolente que ignorando los distintos malestares y demandas de la sociedad que la situación avivaba, alimentó la explosión social que se inició poco después. El costo hasta hoy, no obstante su compromiso de no más muertes, es de más de cincuenta fallecidos, centenares de heridos y una represión bárbara e indiscriminada como parte de una entente que integran el Congreso, la mandataria y su Ejecutivo, y las FF. AA. y policiales.
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