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Al segundo intento, Zósimo Cárdenas Muje, finalmente obtuvo la Gobernación Regional de Junín para los próximos cuatro años. Elegido gobernador con el Movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, fue gerente municipal en la provincia de Chanchamayo (2011-2012) y gerente general en el Gobierno Regional de Pasco (2019-2021), habiendo sido alcalde distrital de Pichanaki (2007-2010 y 2015-2018). Su victoria, celebrada por sus partidarios, aunque ha generado alguna expectativa entre la población juninense, se ve ensombrecida por las 30 investigaciones que tiene a nivel fiscal, 21 sobre presuntos delitos de peculado, colusión, negociación incompatible y asociación ilícita.
Lamentablemente, no fue el único candidato en la región con antecedentes que lo involucran en procesos penales, lo que es un indicador de los problemas de corrupción en la región, como en todo el país.
El capítulo más reciente de nuestro sainete político se inició el 10 de octubre, cuando la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. A todas luces, era un intento para abrir legalmente la cerradura constitucional establecida en el artículo 117, mediante una interpretación de éste que se fundamentaba en los artículos 30.2. y 30.3. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “dada la condición de normas propias de un tratado de derechos humanos”.
La respuesta no fue inmediata, pero llegó. El 19 de octubre, en un Mensaje a la Nación, el presidente Castillo alegó que las investigaciones a él, y a su entorno, eran una campaña de "demolición", afirmando que la denuncia constitucional en su contra es una muestra de ello, calificándola de una "nueva modalidad de golpe de Estado".
A inicio de este mes, Cobra, la concesionaria del proyecto agroindustrial Majes Siguas II, nuevamente colgó los guantes. Tras años de tira y afloja para la aprobación de la famosa ADENDA 13 del contrato, que finalmente se aprobó en julio del presente año, lo que permitiría destrabar la ejecución del proyecto, paralizada desde diciembre de 2017.
Para que la firma de la adenda no se dilate hubo mucha presión de algunos sectores, como el empresarial; sin embargo, como advertimos en un artículo anterior, no se volvieron a discutir temas de fondo del proyecto como el modelo de adjudicación. El año pasado la empresa Cobra, perteneciente al conglomerado español ACS, fue absorbida por una más grande, la empresa francesa Vinci. Quizá este hecho resolvió las sombras de insolvencia financiera que se ceñían sobre la empresa y que fueran advertidas por el exparlamentario Horacio Zeballos hace buen tiempo cuando realizó una investigación desde su despacho sobre el proyecto, convirtiéndose en un aliciente más para la firma de la adenda.
No debemos repetir el error de mirarnos sólo en la coyuntura peruana. La historia nos marca desigualdades y exclusiones de larga duración, así como las rutas de nuestras tradiciones de los últimos 50 años que nos han llevado a tener la sociedad que ahora se expresa cerrada en su fragmentación y muy pobre cultura política. La necesidad del cambio está fuera de discusión, el debate es sobre el tipo de cambio que se pretende.
La distancia de la gente de la política y la aparente tolerancia de una situación insostenible, es por enojo, decepción y frustración con los actores políticos que actúan en función a sus intereses y no al interés común. También por un peligroso proceso de fragmentación, segmentación y alejamiento social que se retroalimenta por varias razones.
Rafael López Aliaga de Renovación Popular es el nuevo alcalde de la ciudad de Lima, superando a Daniel Urresti de Podemos por 53,645 votos. El burgomaestre electo obtiene la votación más baja alcanzada por las autoridades ediles los últimos 42 años.
La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, nos retorna a la normalidad de meses anteriores. Sin embargo, aunque nos muestra más de lo mismo, trae algunas pequeñas «sorpresas» que no dejan de dar cuenta de nuestro deterioro permanente. La aprobación presidencial, pasado el efecto de su nueva estrategia –Consejos de Ministros descentralizados, viajes de campaña permanente, ministros que juegan a defensas centrales y reuniones varias con distintas organizaciones sociales, reales y de ocasión–, parece que volvió al descenso sistemático. Su respaldo cayó 4 puntos, a 25% y la desaprobación de su gestión se incrementó en 2 puntos, ascendiendo a 65%. Esta situación es unánime y se repite en el medio urbano y rural, en las distintas macrozonas –el sur incluido donde cae 10 puntos–, así como en todos los niveles socioeconómicos.
La pobreza de la oferta electoral de los candidatos regionales de Pasco respecto a la zona selvática de la región, es muy preocupante, porque muestra el desconocimiento de su realidad y necesidades. Los planes de gobierno de los ocho aspirantes que son exhibidos en el portal del JEE, tienen más referencias a Oxapampa en sus diagnósticos regionales que en sus planes de trabajo. Aunque se reconoce el esfuerzo de búsqueda de estos estudios, que son de dominio público, aparentemente no dedicaron tiempo suficiente para analizarlos concienzudamente y, por ende, tener propuestas viables para la Amazonía de la región que representa el 71% del territorio, pero que tiene una baja densidad electoral, lo que explicaría el poco interés que tiene para los candidatos.
La elección del general José Williams como presidente del Congreso de la República, es un dato político muy importante. En primer lugar, no es el primer ni el único militar retirado que vemos en el recinto parlamentario, durante los últimos 20 años. A modo de explicación, debe recordarse que la ley 28480 del 30 de marzo de 2005, reformó el artículo 34 de la Constitución Política del Perú, reconociendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, el derecho al voto y a la participación ciudadana.
Este mandato tomó forma en las elecciones del 2006, cuando los efectivos militares ejercitaron por primera vez su derecho al voto. Desde entonces, ha sido habitual que oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sean parte de la representación política del país.
La reciente aprobación, a fines de agosto, de una Resolución Directoral de la Autoridad Nacional del Agua otorgando un volumen anual de 22.08 millones de metros cúbicos, captados en los ríos Titire y Vizcachas para la operación del proyecto minero Quellaveco de Angloamerican, ha ocasionado la inmediata reacción de los agricultores, sus juntas de usuarios y autoridades del Valle de Tambo y la provincia de Islay. También de agricultores en Moquegua. Los primeros realizaron un paro de 72 horas hace unos días; los segundos, siguen molestos y piden explicaciones y rectificaciones.
La escasez de recursos hídricos en el valle de Tambo tiene una larga historia, ocasionando que importantes extensiones de sus productivas tierras se queden sin sembrar, sobre todo en la época de estiaje y que, al mismo tiempo, se produzcan disputas por el agua entre los propios agricultores del valle y sus vecinos moqueguanos ante la demanda de los cultivos.
La censura a la Presidenta del Congreso, Lady Camones, por los audios con César Acuña el último lunes 5 de setiembre, contó con votos de la propia derecha más extrema en el Congreso de la República. Retirarla del cargo ha sido un duro golpe a la oposición al gobierno, al reconocimiento del Poder Legislativo y de sus autoridades como legítimos representantes de la ciudadanía nacional.
Al gobierno le ha permitido, si no pasar a la ofensiva en el enfrentamiento de ambos poderes, al menos debilitar aún más la legitimidad de la representación política parlamentaria. En la espiral de descrédito de la política peruana, el caso Lady C. ha afectado aún más al Congreso que, ante los escándalos que allí se desatan, parece prescindible para más ciudadanos que dejaron de creer en la importancia de la institucionalidad.
La coordinación entre las autoridades del distrito y de la provincia no es un problema exclusivo de Lima, pues ocurre en prácticamente todo el país. La gestión local de los distritos se concentra en las realidades más tangibles y al alcance de las decisiones y recursos de la circunscripción y del vecindario. Eso es muy positivo. Cuando más cerca están los vecinos de la autoridad, mejor será la participación y el control ciudadanos en numerosos aspectos de la vida urbana. La pandemia del Covid-19 ha mostrado que muchas municipalidades han sido las herramientas más apropiadas para llegar al vecindario, orientando inclusive la acción de los demás organismos públicos. Desde los puestos de vacunación y el reparto de víveres hasta la detección y llegada a las personas solas o a los barrios más alejados han podido ser muestras en muchos casos de un redoblado esfuerzo municipal en muchos distritos donde la voluntad de la autoridad era más importante que el presupuesto del que se disponía.
En sentido estricto, la “judicialización de la política” designa al proceso por el cual un sector de la sociedad busca en la vía judicial determinados objetivos que no consiguió en los espacios tradicionales de la política, Ejecutivo o Legislativo, donde por lo general se adoptan decisiones públicas. Por esta vía, en muchos países del mundo se han ampliado los límites de aquella, particularmente en materia de derechos civiles. Como es claro, el espacio de encuentro entre el campo judicial y el mundo de la política es grande. A nivel iberoamericano prevalece la selección política en el nombramiento de los jueces, destacando entre las supuestas excepciones, Colombia, Ecuador y Perú. Decimos supuestas porque como hemos aprendido, el nombramiento de jueces y fiscales tiene grandes repercusiones políticas y el peso del Tribunal Constitucional que es designado por el Congreso, reproduce las preferencias y orientaciones de ese poder del Estado.
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